El gerente general de Andes Iron, Iván Garrido, reiteró su molestia tras el rechazo por parte del Comité de Ministros al proyecto minero y portuario Dominga y advirtió que ello retrasará el proceso para estructurar el financiamiento de la iniciativa.

En este sentido el ejecutivo precisó que planeaban hacer una inversión en noviembre de aproximadamente US$40 millones, monto que se destinaría para las obras tempranas del proyecto, pero que ahora ese plan quedó congelado.

"Entiendan, estos son proyectos que se ven aquí en Chile pero compiten en el mundo. Estamos muy golpeados. Vamos a ir a los Tribunales pero esto detiene toda la estructura de financiamiento", afirmó en entrevista con Radio Duna.

El lunes luego que el Comité de Ministros rechazara el recurso de reclamación que había presentado la empresa contra de la decisión del Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, que en marzo desaprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, Garrido anunció que recurrirían al Tribunal Ambiental.

El ejecutivo explicó que "lo que vamos a reclamar es que ha habido arbitrariedad e irregularidad, y eso es gravísimo"

Respecto a la decisión del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, que no participó de la votación por considerar que no se dio el tiempo suficiente para hacer una análisis en profundidad de los antecedentes presentado, Garrido dijo que "no hubo el tiempo ni la seriedad suficiente para evaluar un proceso de tres años y medio".

La iniciativa fue rechazada por los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente y contó con el voto favorable de los Ministerios de Minería y Energía. En el caso de este último aprobó la parte minera del proyecto y rechazó la portuaria, mientras que el Ministerio de Economía se abstuvo. La decisión del Comité de Ministros puede ser apelada ante el Tribunal Ambiental.

El proyecto, que estaría emplazado en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, apunta a la explotación de hierro, y en menor medida a la de cobre y contempla una inversión cercana a los US$2.500 millones.

En la tramitación del recurso de reclamación, el Comité pidió 14 informes a seis subsecretarías y a ocho servicios.