El gobierno venezolano abrió hoy un nuevo procedimiento administrativo que puede derivar en sanciones contra la televisora privada Globovisión, por la difusión de cuatro micros informativos sobre el articulado de la Constitución que "incitan al odio, la zozobra y la alteración del orden público".

"Se ordena al mencionado prestador de servicio de televisión abierta, la suspensión inmediata y la obligación de abstenerse a difundir los mencionados micros que ha venido transmitiendo y que son descritos en la providencia administrativa", explicó Pedro Maldonado, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Recordó que "por tener Globovisión antecedentes de investigaciones administrativas y una multa pagada, este nuevo procedimiento podría significar la suspensión temporal del canal o la definitiva revocatoria de la concesión por la reincidencia del medio en lo que Conatel dictamina como una falta".

Maldonado afirmó que, una vez que culmine la investigación, "se podría establecer la responsabilidad al medio con una multa que podría ascender 10% de los ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior al que se inicia el procedimiento".

Más temprano tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como el ministro Rafael Ramírez, sugirieron al ente regulador iniciar una investigación contra el canal por la difusión "manipulada" del artículo 231 de la Constitución que habla de la juramentación de Chávez.

"Esto es mera coincidencia a un análisis que hemos venido realizando", acotó.

Por su parte, la vicepresidente de Globovisión, María Fernanda Flores, destacó que a pesar del procedimiento que representa la tercera sanción contra la televisora privada, "seguiremos informando, haciendo lo que debemos y sabemos hacer".

"La acción es en contra de la libertad de expresión", agregó Flores.

Globovisón es la única televisora venezolana crítica al gobierno de Chávez, que a raíz de la cobertura de un motín carcelario en junio de 2011, debió pagar a mediados del año pasado una multa de más de 2 millones de dólares para evitar el embargo de sus bienes y su cierre.