El 20 de julio vence el plazo para que la ley que excluye a personas presuntamente fallecidas del registro electoral pueda ser aplicada en las elecciones del 17 de noviembre. Ese día, el Servicio Electoral cierra el proceso de cambios en el registro.
En ese escenario, el gobierno tomó la decisión de acelerar su tramitación y resolvió fijarle discusión inmediata para lograr su aprobación en el transcurso de los próximos días.
