Finalizado el discurso presidencial de Michelle Bachelet y, amplificado el último discurso de Salvador Allende ese 11 de septiembre de 1973 mediante Radio Magallanes, culminaba ayer el acto conmemorativo de los 41 años del Golpe de Estado que acabara con el gobierno del ex Presidente Salvador Allende. Sin embargo, Michelle Bachelet tenía reservada una suerte de revelación que compartió con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

"La Presidenta se acercó a decirme que hoy firmó la nulidad de la Ley de Amnistía, el artículo 93 del Código Penal y otras iniciativas que hemos solicitado", aseguró Pizarro a La Tercera, una vez que el acto en Palacio había concluido.

Sorprendida, la dirigenta fue una de las primeras figuras en enterarse de la noticia del día; el gobierno escogió una fecha simbólica para activar su agenda de derechos humanos.

Con las horas, el Ejecutivo confirmó la información a través de un punto de prensa en la casa de gobierno de los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la titular de Segpres, Ximena Rincón.

"Ayer y hoy hemos estado impulsando urgencias y estudiando mensajes presidenciales en materia de DD.HH.", señaló Rincón.

"La Presidenta ha señalado que va a impulsar la subsecretaría de los Derechos Humanos. A su vez, hay un mensaje que se están preparando en relación a la tipificación del delito de tortura. Se le ha puesto urgencia a algunas mociones parlamentarias, entre ellas, aquella que derogan la Ley de Amnistía. Es una urgencia que le da un plazo al Parlamento de discusión en un plazo determinado", agregó Gómez.

Así, el gobierno lanzaba una batería de demandas históricas de las agrupaciones de DD.HH. Entre otras; suma urgencia a moción que deroga la Ley de Amnistía, proyecto de ley que tipifica y sanciona el delito de tortura e indicaciones al proyecto de ley que crea la Subsecretaría de DD.HH, enviado en 2012 durante el gobierno de Sebastián Piñera, el cual se encuentra sin movimiento en segundo trámite en la Cámara.

Fuentes de Palacio confirmaron que, desde hace más de dos meses, la Presidenta Bachelet instruyó a los ministros de Segpres y Justicia trabajar en la agenda de derechos humanos del gobierno, particularmente en lo que apuntaba a derogar o anular la Ley de Amnistía y la de la eliminación del artículo 93 del Código Penal. En este sentido, el gobierno ingresó ayer al Senado la suma urgencia para tramitar una moción parlamentaria de los senadores Girardi, Navarro, Letelier y Ruiz-Esquide (actualmente fuera de la función legislativa) que suprime la ley que absuelve delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1973 y 1978.

Sobre la Ley de Amnistía, que puede ser suprimida con mayoría simple, Rincón explicó: "La sala penal no ha aplicado la Ley de Amnistía y probablemente esta discusión legislativa cierra el espacio a la posibilidad de que alguna vez se pueda aplicar". "Es una señal de reparación y compromiso con la vida", añadió el senador PPD Guido Girardi, uno de los autores de la revocación a la amnistía.