Con respaldo de un 84,5%, los funcionarios municipales del país rechazaron ayer la propuesta que hizo el jueves el gobierno para terminar con el paro que mantienen hace 18 días hábiles. Ante esto, La Moneda anunció que de igual forma enviará en los próximos días un proyecto de ley para igualar gradualmente las asignaciones del Plan de Mejoramiento de Gestión (PMG) de los funcionarios municipales y fiscales.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, acusó a algunos alcaldes de boicotear el acuerdo que el gobierno esperaba alcanzar ayer. "Algunos alcaldes llamaron hoy día a votar en contra de esta propuesta a sus propios funcionarios", criticó el secretario de Estado.
Ante esto, el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Maipú Christian Vittori, respondió que "hubo cinco comunas de la Región Metropolitana donde se rechazó la propuesta y los alcaldes son de derecha. Me gustaría tener tanto poder".
Chadwick hizo hincapié en que los alcaldes tienen la "prohibición legal de pagar las remuneraciones por trabajos no realizados. El no cumplimiento de esta obligación podría conducir a juicios de cuentas e involucrar responsabilidades personales de los señores alcaldes.
Además, dijo que "quedan bajo sanciones penales" aquellos alcaldes que no cumplan con la "responsabilidad legal de colaborar con los materiales y facilidades descritas en la ley de elecciones para la realización del próximo acto legal".
A nueve días de las elecciones, el foco del gobierno está en evitar que el paro de los funcionarios municipales, quienes prestan apoyo logístico durante el proceso, afecte su desarrollo normal.
De hecho, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se ha reunido desde el martes con el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, para afinar los detalles del plan b que aplicará el gobierno en caso de que el paro se extienda y amenace la realización de las elecciones.
Rechazan propuesta
Según afirmó el presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Chile (Asemuch), Oscar Yáñez, "la fuerza que ha colocado el gobierno no es suficiente y no es satisfactoria tampoco para los trabajadores municipales".
Uno de los puntos más fuertes de la negociación que sostuvieron los dirigentes con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, durante esta semana, fue el plazo en que se aplicaría la gradualidad para homologar el bono de productividad con el de los funcionarios públicos. Según enfatizó Chadwick, "inicialmente propusimos alcanzar este objetivo en cuatro años y en señal de flexibilidad le propusimos reducir este plazo a tres años".
Sin embargo, Yáñez argumentó que los trabajadores exigen que se concrete en dos años. Pero el gobierno ha asegurado que han hecho una propuesta responsable considerando la cantidad de recursos involucrados.
"Hay que entender que esto compromete $ 50 mil millones anuales y es por esta razón que hemos propuesto en forma gradual poder cumplir con esta justa nivelación", afirmó el ministro del Interior, quien lamentó "la intransigencia y rigidez que condujo al rechazo de esta propuesta".
