Fue un día complejo para el gobierno. Por una parte, la salud de los cuatro comuneros en huelga de hambre se deterioraba con cada hora que pasaba y, por otra, la apuesta de terminar con su prisión preventiva se veía frustrada por la decisión del juez de garantía de Temuco, Mauricio Torres, de mantenerlos recluidos por ser un peligro para la sociedad al estar acusados de la quema de un templo evangélico en Padre Las Casas, en Temuco.
El conflicto parecía no destrabarse, sino agravarse. Mientras se deba a conocer esa decisión judicial se efectuaba en la mañana la reunión entre el ministro del Interior, Mario Fernández, y los familiares de los huelguistas. Ahí estuvieron presentes Marta Galindo, madre y la hermana de loa acusados Ariel, Benito y Pablo Trangol; y el hijo del lonko Alfredo Tralcal. Los acusados llevan 117 días sin ingerir alimentos y dos de ellos están internado de gravedad.
Su intención era hablar con la Presidenta Michelle Bachelet para pedirle que retiraran el carácter de terrorista a la querella que el gobierno presentó en contra de los acusados. A las 19.00, esa cita se concretó y la Mandataria estuvo medio hora con ellos. Dos horas y media más tarde, el ministro Fernández comunicó la decisión del Ejecutivo de recalificar las acciones judiciales para que el delito de incendio sea juzgado bajo la figura de un ilícito común, que implica penas más bajas.
"El gobierno ha instruido a su equipo jurídico para que haga presente en la oportunidad procesal correspondiente del proceso seguido en contra de los comuneros que en el nuevo escenario que se ha generado a raiz de su riesgoso estado de salud, se proceda a solicitar la recalificacion de las conductas objeto de la cauda para someterlas al régimen de los delitos que corresponden dentro del Código Penal", señaló. Junto a esta medida, también los abogados de Interior presentarán la apelación al fallo que los mantuvo en prisión, junto a pedir una audiencia de cautela de garantías y un recurso de amparo para que sea decretada otra medida cautelar.
Pero Fernández fue más allá y señaló que era difícil seguir invocando la Ley Antiterrorista dado que enviarán un proyecto de ley para "derogarla". Respecto de los casos en curso, como la "Operación Huracán", donde hay ocho comuneros detenidos, explicó que se deberá ver caso a caso cómo se sigue el procedimiento.
"En materias humanitarias no hay que fijarse en el costo político que se paga. Es un deber de todo gobierno actuar con justicia. Por lo tanto, movidos por este motivo, el Ejecutivo no está pendando en beneficios ni costos politicos", finalizó.
Minutos después del anuncio, los familiares de los detenidos se refirieron al futuro de la huelga. "Estamos muy bien, contentos ahora que pudimos liberar a mis hijos que estaban en huelga de hambre. Se estaban muriendo por la Ley Antiterrorista. Fue muy duro, nos golpeó muy fuerte, ya no tenía ánimo y no pensaba en vivir más, pero ahora sí", dijo la madre de los hermanos Trangol, Marta Galindo.
En tanto, Cristian Tralcal, vocero de los huelguistas, dijo que hoy "le doblamos la mano al gobierno. Los comuneros van a subir un comunicado a primera hora y darán sus impresiones de esto. Lo más probable es que van a levantar la huelga. Porque se logró lo que ellos estaban pidiendo".
Si bien esta medida puede destrabar el conflicto con los huelguistas para que pongan fin a la medida de presión, el efecto procesal que tiene solo afecta a la acusación que hizo como particular el Ministerio del Interior. Esto se debe a que la Fiscalía regional de Temuco no ha variado su postura y mantiene que los ilícitos por los que están imputados son de carácter terrorista. Finalmente, se definirá en el juicio oral si son condenados por ley antiterrorista o absueltos. Esta postura se plasmó en la audiencia de este viernes, donde el juez Torres criticó al gobierno y manifestó que otorgar la libertad por un tema humanitario solo "sería una señal para todos los demás imputados, ya sea por delito terrorista o común, una invitación a hacer huelgas de hambre porque a través de esa manera van a lograr la libertad. Lo que desde el punto de vista judicial, esa situación no puede ser tolerada".
La recalificación de querella de este tipo también ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera. En octubre de 2010 tomó la misma determinación cuando 38 comuneros detenidos, entre ellos el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, utilizaron esta medida de presión. Finalmente la depusieron cuando se llegó al acuerdo con el Ejecutivo.
Reacciones
A los pocos minutos de conocida esta decisión, los candidatos presidenciales opinaron sobre la determinación adoptada por del Ejecutivo. A través de Twitter, Beatriz Sánchez (Frente Amplio) dijo que "Saludo que @GobiernodeChile corrija error de aplicar la ilegítima ley antiterrorista. Un gobierno que escucha es siempre un mejor gobierno". En tanto, Sebastián Piñera (Chile Vamos) publicó un video antes de la decisión de recalificar las querellas en que indicaba "mal el gobierno de la NM al dar una nueva señal de debilidad y ambigüedad en la lucha contra el terrorismo, un enemigo cruel y despiadado".
Al cierre de esta edición, la bancada UDI estudiaba presentar una acusación constitucional contra el ministro Fernández.
