A principios de mayo de este año, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet  conformó una mesa de trabajo interministerial para evaluar uno de los proyectos emblema de la administración del ex Mandatario Sebastián Piñera: el programa ChileAtiende.

La instancia, coordinada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en la cual participan autoridades de Hacienda y Trabajo, espera recibir en los próximos días un informe calificado como clave  -encargado por el Instituto de Previsión Social (IPS) al académico de la Universidad de Chile, Rafael Epstein- antes de tomar una decisión final respecto del futuro del sistema.

Aunque la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva, descarta que el programa -que dispone de más de 200 oficinas a lo largo del país para la atención centralizada al público de un veintena de servicios del Estado como Fonasa y el Registro Civil-  se vaya a detener, sí advierte que resultan necesarios ajustes, principalmente respecto de la normativa que rige su funcionamiento.

"El programa no tiene institucionalidad. Es una iniciativa que no está plasmada en nada formal, nada legal, no está normado",  explicó a La Tercera la subsecretaria Patricia Silva.

El programa ChileAtiende fue lanzado por Piñera en enero de 2012 y corresponde a un nuevo capítulo de una cadena de avances en las tareas de modernización del Estado y puntualmente en relación con la atención de servicios públicos, agenda que comenzó en el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos (ver cronología).

Durante la administración de Piñera el  sistema de atención estatal fue actualizado desde la Segpres y puesto en marcha en el IPS, perteneciente al ministerio del Trabajo.

En la actualidad, el programa posibilita el acceso, a través de las oficinas físicas de ChileAtiende o de sus plataformas web o telefónicas, a unos 160 beneficios o trámites ofrecidos por 20 reparticiones públicas.

En el gobierno anterior también se destacó la modalidad de puntos de atención móviles, que facilitan la entrega de documentos y servicios especialmente en zonas rurales.

Sin embargo, en el Ejecutivo explican que además de la necesidad de evaluar la iniciativa ante la ausencia de una institucionalidad, existen problemas prácticos que solucionar frente a una sobrecarga de trabajo que ha recaído sobre funcionarios del IPS y que ya ha motivado algunos ajustes de horarios.

Silva explica que al asumir el nuevo gobierno había "mucho malestar por parte de los funcionarios (vinculados al programa), toda vez que implicaba un sistema que se implementó sin participación directa del IPS, pasando de sus tareas relacionadas con aspectos específicos de previsión a hacerse cargo de entregar información sobre más de 160 trámites de distintos sectores y actores".

A lo que el gobierno aspira, agrega la subsecretaria, es a instalar una institucionalidad para el programa, que se encargue de resolver las deficiencias en el sistema de interacción entre el Estado y las personas.