El Gobierno de Mauricio Macri buscará el aval de organismos estatales y de la Justicia para salir del conflicto creado por la polémica negociación de una millonaria deuda con el Estado que mantenían empresas del padre del presidente desde 2001, relativa al manejo de los servicios de correo del país.
"Acá se ha obrado según la ley en el marco de una discusión judicial y con total transparencia en todo el proceso. El presidente no ha intervenido", dijo hoy el jefe de ministros argentino, Marcos Peña, en una rueda de prensa convocada hoy tras una reunión de trabajo del conjunto del gabinete.
Acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Peña anunció que, "para evitar cualquier tipo de duda respecto a posibilidades de conflicto de intereses", el Gobierno pedirá a la Auditoría General de la Nación (manejada por la oposición) que haga un informe técnico sobre cualquier acuerdo a ratificar.
Asimismo, Peña apuntó que pidieron a la Cámara Federal de Justicia que revise de forma integral el proceso -que incluye varios juicios cruzados- y Aguad se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso para explicar las actuaciones de su cartera, responsable de intervenir en nombre del Estado en las negociaciones.
El Gobierno busca así blindarse del aluvión de críticas generado después de que, el jueves pasado, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitiese un duro dictamen de rechazo al arreglo entre acreedores y deudores alcanzado en junio pasado, pendiente aún de ser revisado por los tribunales en el marco de la ley de quiebras.
Para la fiscal, este acuerdo es "abusivo" y perjudicial para los intereses del Estado porque implica "una quita velada del orden del 98,82 %".
La deuda del Correo Argentino se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos (292 millones de dólares en aquel momento).
La empresa estaba entonces administrada por el padre del actual presidente, el empresario Franco Macri, y tenía la concesión oficial de los servicios postales pero entró en concurso de acreedores en medio de la grave crisis económica que azotó a Argentina ese año.
