El gobierno de Argentina negó hoy que utilizará técnicas de espionaje para reprimir protestas sociales. Además las autoridades transandinas ordenaron realizar una auditoría sobre el denominado "Proyecto X", puesto en marcha por la Gendarmería nacional con el objetivo supuestamente de recabar información sobre dirigentes sociales.

"No admitimos espionaje y si llegara a haber seremos inflexibles", aseguró hoy la ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré, cuya comparecencia ante el Parlamento fue solicitada este jueves por diputados de la oposición. A través de la red social Twitter, Garré aseguró que el gobierno de Cristina Fernández sostiene "una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial".

Siete legisladores de partidos opositores, de todo el arco político, presentaron este jueves un proyecto de resolución para que Garré de explicaciones sobre el denominado "Proyecto X", una operación mediante la cual efectivos de la Gendarmería se habrían infiltrado en protestas sindicales y sociales con el fin de recabar información de sus líderes y volcarla a una base de datos. "Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del 'Proyecto X', que es en realidad un software, para evaluar qué contiene", señaló hoy Garré.

La existencia del "Proyecto X" fue revelada esta semana por la cadena de televisión TN, aunque había sido denunciada ante la Justicia en noviembre del año pasado por Myriam Bregman, abogada y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Algunos militantes del PTS, que son representantes sindicales, dicen haber sido blanco de las supuestas prácticas de espionaje de la Gendarmería.

Según un documento presentado por TN, el comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció la existencia del "Proyecto X" en un escrito presentado ante el juez Norberto Oyarbide, quien investiga los hechos denunciados. La ley de Inteligencia Nacional de Argentina estipula que ningún organismo oficial de espionaje puede obtener datos de personas por el solo hecho de que éstas pertenezcan a organizaciones partidarias, sociales o sindicales.

La denuncia por el "Proyecto X", coincide con las protestas realizadas en los últimos días contra la nueva ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado y que, según sus críticos, deja abierta la posibilidad de que las huelgas y las protestas sociales puedan ser calificadas como actos de sabotaje con fines políticos y, por tanto, como actos terroristas. Paralelamente a esto, en las últimas semanas ha habido un aumento de las protestas sociales en Argentina, tanto por las movilizaciones sindicales como por las manifestaciones contra la minería a cielo abierto en el norte del país.