El gobierno argentino negó el lunes que el bloqueo de las plantas impresoras de dos diarios opositores haya sido un ataque a la libertad de prensa.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explicó que lo que fue un "conflicto laboral de larga data" lo que impidió que el Clarín circulara con normalidad el domingo y que se dificultara la distribución de La Nación en Buenos Aires y sus alrededores.
El bloqueo a las plantas impresoras fue realizado por trabajadores gráficos a los que luego se unieron miembros del gremio de los camioneros y generó el rechazo de la oposición, empresarios, juristas y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el incidente de "atentado agravado a la libertad de prensa" y cuestionó que los autores de la protesta actuaran "con impunidad ante la inacción de la policía".
Señaló que recientes fallos judiciales "ordenaron que el gobierno debe garantizar la circulación de los medios de comunicación".
La protesta estuvo dirigida principalmente contra la planta de Clarín, diario que mantiene un fuerte enfrentamiento con la Presidenta Cristina Fernández. El bloqueo a las adyacentes instalaciones de La Nación duró pocas horas.
"Lo que no hay que hacer es confundir a propósito un conflicto laboral con un supuesto ataque a la libertad de prensa", afirmó Tomada.
El funcionario se refirió a las quejas de gremialistas de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) que dicen sufrir persecución y discriminación laboral por parte de sus empleadores a raíz de que hace años lograron la reincorporación de trabajadores que habían sido despedidos.
"El Grupo Clarín cree que está exento de cumplir la legislación argentina en materia de representación sindical en todas sus empresas. Se ha encargado sistemáticamente de suprimir la actividad sindical", afirmó el funcionario.
En protesta por lo ocurrido, Clarín salió este lunes con su portada en blanco.
En su interior, indicó que el bloqueo de su planta impresora, similar a otros sufridos desde noviembre, se produjo "en medio de una escalada de ataques de funcionarios del gobierno" y pocos días después de que allegados a Moyano advirtieran que irían con miles de trabajadores "a las puertas de los medios" que publiquen denuncias contra el sindicalista.
Moyano, investigado en varias causas judiciales, ha negado tener alguna vinculación con el incidente.
Clarín señaló que en la edición del domingo había una nota sobre "la investigación judicial que se inició sobre el patrimonio del sindicalista".
"El bloqueo se intenta presentar como un conflicto sindical" cuando "no hay ningún conflicto gremial con el diario" ni tampoco en AGR, afirmó el periódico en su editorial.
Por su parte, La Nación cuestionó que la policía federal no pusiera fin al bloqueo tal como ordenó una fiscal capitalina.
El titular de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Juan Pedro Tunessi, de la opositora Unión Cívica Radical, exigió al gobierno que garantice "la vigencia de derechos esenciales como la libertad de expresión".
También anunció en un comunicado de prensa que apoyará el pedido de interpelación que propuso su par Miguel Angel Giubergia a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por la inacción de la policía.
