El Gobierno argentino presentó hoy ante la Justicia pruebas y antecedentes "jurídicamente relevantes" para rebatir la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la que acusa a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a varios colaboradores de presunto encubrimiento a terroristas.

En un comunicado la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encargado de la defensa de Estado de Argentina, entregó un escrito de carácter institucional ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, encabezado por el juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de morir.

En su demanda, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la presidenta Fernández, al canciller, Héctor Timerman, y a varios dirigentes vinculados al oficialismo, de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar relaciones comerciales.

La presentación de la PTN había sido anticipada ayer y "se  hizo efectivo  en el día de hoy con sus respectivos anexos documentales", según el comunicado.

Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otros.

Desde el Gobierno sostienen que "no existe prueba alguna ni si quiera de carácter indiciario" que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, en palabras del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich criticó que el fiscal argentino Gerardo Pollicita tenga la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de "golpismo judicial activo" para desestabilizar al Gobierno.

"Los requerimientos de carácter judicial no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino una finalidad de carácter político, para generar impacto político; no tienen ningún tipo de validez jurídica; no existe prueba indiciaria de eventual culpabilidad", agregó.