El Gobierno de Argentina descalificó el jueves la decisión de un fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a los iraníes acusados del atentado de 1994 contra una sede de una mutual judía en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.
Se trata de "una decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional", dijo el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa.
El fiscal Alberto Nisman, que investiga el atentado, pidió el miércoles a un juez federal que se convoque a Fernández y al canciller Héctor Timerman, entre otros, a una declaración indagatoria y solicitó un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (23,3 millones de dólares).
Según el fiscal, el Gobierno buscó "desincriminar" a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.
Capitanich dijo que el anuncio de Nisman está en línea con un "golpe" contra el Gobierno por parte de medios concentrados junto a grupos de inteligencia desplazados de sus cargos, al margen de buscar "interferir en una agenda positiva" del país.
Nisman dijo que parte de las pruebas que presentó ante el juez federal Ariel Lijo son audios de conversaciones entre personal del servicio de inteligencia, dirigentes políticos y funcionarios iraníes.
La justicia argentina ha acusado por el atentado a ocho iraníes, entre ellos ex funcionarios, que el Gobierno de la República Islámica se ha negado a entregar a pesar de que pesa sobre ellos una orden de captura de Interpol.
La voladura del edificio central de la AMIA, una histórica mutual de servicios sociales para la comunidad judía, en el centro de Buenos Aires conmovió profundamente al país en 1994. Dos años antes, otra bomba había destruido la embajada de Israel en la capital de Argentina.
A principios de 2013, Argentina firmó un memorando de entendimiento con Irán con la expectativa de avanzar en la investigación del atentado e interrogar a los sospechosos de haber participado en el ataque.
Sin embargo, el acuerdo no entró en vigencia debido a que el Parlamento de Teherán no lo refrendó y porque una corte de Justicia argentina lo suspendió por considerarlo anticonstitucional, pese a que había sido aprobado por el Congreso local.
