Una férrea defensa del Presidente de la República hizo ayer el gobierno a través de varios ministros, a raíz de la solicitud del controlador de SQM, Julio Ponce, a la Superintendencia de Valores (SVS) para que investigue una presumible participación de sociedades relacionadas al Mandatario en operaciones de 2008 y 2009 con acciones de las cascadas de control de esa empresa, cuestionadas por dicho fiscalizador.
En la mañana arremetió, por La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, quien calificó como "vil" e "inaceptable el intento de vincular al Presidente Piñera con el caso cascadas" por parte de la defensa del controlador de las sociedades. En entrevista con ADN Radio, la personera aseveró: "La vileza que se trata de establecer por parte de uno de los controladores, como es el señor Ponce con sus abogados, y no reconocer primero su responsabilidad y el daño que ha ocasionado quizás a cuánta gente con este subterfugio, tratando de involucrar al Presidente, es una cosa inaceptable".
Agregó que Ponce "claramente" trata de "llevar al barro" a mucha gente en este caso, "entre ellos, al Presidente de la República, pero no le va a resultar". Pérez acusó que "la jugada" del empresario "solamente" habla "de lo cuestionable que puede ser él, no sólo desde el punto de vista económico financiero, sino también ético".
La ministra recordó que en 2008, dos años antes de ser Presidente, Piñera vendió parte importante de las acciones de Calichera, una de las sociedades con las que Ponce controla SQM.
"En abril de 2009, un año antes de ser Presidente de la República, el entonces ciudadano, candidato Sebastián Piñera, constituyó un fideicomiso ciego, donde se desprendió no sólo del día a día de las inversiones de su patrimonio, sino que, además, del detalle de lo que se puede hacer con él. En eso consiste un fideicomiso ciego", explicó la vocera. Y enfatizó que él "no tiene cómo saber qué ha sucedido con sus inversiones durante el tiempo en que ha sido Presidente", dijo Pérez.
El escrito presentado por la defensa de Ponce enumeró cuatro transacciones, realizadas entre 2008 y 2009, que "darían cuenta de un interés de S.E. el Presidente de la República en las mismas", tras lo cual argumenta que ese interés de Piñera "podría restar imparcialidad" al superintendente de Valores (Fernando Coloma) para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que no ve "ninguna base" para las presunciones de Ponce, tanto porque el Presidente entregó sus inversiones en administración a un fideicomiso ciego como porque la SVS ha actuado con absoluta autonomía: "Entiendo que una persona a la cual se le han formulado cargos trate de usar esos argumentos, pero la verdad es que no tiene ninguna base. La SVS ha conducido este proceso con completa autonomía y lleva más de un año de investigación. Ha formulado cargos, damos garantía del debido proceso".
Durante la tarde, antes de ingresar al consejo de gabinete citado para otras materias, varios de los ministros cuestionaron el actuar de Ponce y defendieron el proceder y la autonomía de la SVS (ver reacciones).
La SVS se limitó a decir que respondería a la carta de los abogados de Ponce, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, mediante oficio reservado.
La senadora Ximena Rincón señaló que la Comisión del Trabajo del Senado decidió citar a los superintendentes de Pensiones y Valores para que informen las medidas que están tomando con el fin de resguardar los fondos previsionales de los trabajadores.