El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, firmó hoy el decreto de nacionalización de la mina de estaño y zinc Colquiri, filial de la suiza Glencore, tras terminar un conflicto que dejó 20 heridos en peleas con dinamita de grupos mineros rivales, unos a favor y otros en contra de la expropiación.

García Linera, que ya había anunciado esa nacionalización hace diez días, firmó el decreto debido al viaje a Brasil del presidente boliviano, Evo Morales, que asiste hoy a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).

El texto establece que el Estado "asume el control del centro minero Colquiri, así como la dirección y administración directa sobre los yacimientos" que se habían otorgado a Sinchi Wayra, filial de Glencore.

"La empresa Sinchi Wayra ya no va más, se va. En Colquiri ya no va estar", subrayó Linera, y anunció que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol, estatal) ocupará hoy las instalaciones.

Desde que llegó al poder en 2006, el gobierno de Morales ha expropiado cerca de 20 compañías de hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y cemento, entre otras áreas.

Colquiri, a 250 kilómetros al sur de La Paz, tiene cerca de 400 obreros y es la tercera firma nacionalizada a Glencore en Bolivia.

En 2007 y 2010 Morales le expropió dos empresas de fundición de metales, casos que la suiza llevó a los tribunales.

La nacionalización se concreta tras resolverse una crisis causada al anunciar Linera esa medida, que derivó en choques entre mineros del Estado y cooperativistas privados que dejaron la semana pasada más de 20 heridos por intercambios de pedradas y dinamita.

El gobierno se queda con algunos yacimientos de Glencore y otorga otros a los cooperativistas, que se oponían inicialmente a la medida por temor a que la expropiación se extiendan a sus áreas.

Glencore controla otras minas en Bolivia, entre ellas Porco, en la región de Potosí, cuyas oficinas han sido ocupadas por mineros cooperativistas que piden revisión de los convenios.

Linera aseguró que la minería produce anualmente US$3.700 millones frente a 600 millones de 2005, "cuando todo estaba en manos de extranjeros", antes de llegar Morales al poder.