El ministro de gobierno boliviano, Sacha Llorenti, justificó hoy la represión de la marcha indígena que se opone a la construcción de una carretera que pasa por la selva amazónica, y dijo que la medida fue tomada para "evitar" enfrentamientos entre civiles, mientras ratificó que la población de Rurrenabaque  liberó a los detenidos que eran trasladados a La Paz.

La intervención de la policía fue dispuesta "para garantizar la seguridad" ante la posibilidad de enfrentamientos con los "colonizadores" que  cerraban el paso en Yucumo.

Llorenti dijo, en conferencia de prensa, que la policía tenía "ordenes precisas" de actuar "en el marco de las normas constitucionales y legales", y advirtió que "si hubo algún  exceso hipotético" se investigará y sancionará.

Según el ministro, "lo sucedido en Rurrenabaque demuestra la  conducta que se ha instruido a la policía. En la pista estaban los manifestantes para ser evacuados y ante la arremetida de centenares de personas el contingente policial se replegó". El funcionario reiteró que "lamentablemente" la marcha de  indígenas que rechazan un camino por la mayor reserva forestal  de Bolivia adquirió niveles altos de "violencia" por la  presencia de ex funcionarios del gobierno.

MUERE NIÑO
En tanto, la Conferencia Episcopal Católica de Bolivia confirmó hoy la muerte de un niño ayer en la represión policial. Un comunicado de los obispos lamenta el "fallecimiento de otro niño, el número de heridos, la situación de los que estuvieron detenidos y el paradero de los desaparecidos".

Por ello es que la Conferencia Episcopal pidió al gobierno que garantice los derechos de esas personas, aunque ministros del Presidente Evo Morales negaron que se hayan reportado muertos y desaparecidos.

La muerte del niño estuvo en duda desde ayer porque inicialmente fue denunciada sólo por fuentes cercanas a los indígenas, que no dieron detalles claros, y porque fue negada por la Policía y gobierno, pero una fuente de la Iglesia dijo a Efe que se confirmó el deceso. Es el tercer menor que pierde la vida durante la marcha, pues también falleció un adolescente al caer de una camioneta y un lactante de ocho meses que padecía una infección estomacal.

Además, un dirigente de la etnia chiquitana del sureste boliviano, Eddy Martínez, pereció en un accidente de aviación cuando viajaba hacia la Amazonía para sumarse a la marcha.

La Conferencia Episcopal lamentó, además, que el gobierno de Morales "haya recurrido a la violencia, renunciando al diálogo como camino de soluciones pacíficas y concertadas".

La represión violenta de la marcha gatillo la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón  y numerosas manifestaciones, bloqueos de vías, huelgas de hambre y otras protestas en toda Bolivia. Esto se suma al anuncio de una huelga general por parte de la Central Obrera.

Los obispos condenan la represión de la marcha porque, según informes de sus agentes pastorales, la Policía intervino cuando los indígenas "se encontraban en total situación de indefensión", en lo cual coinciden con la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, exigen a Morales "renunciar al camino de la represión, la persecución y la violencia, que no soluciona los problemas, y demostrar, con acciones coherentes, el discurso de escucha y defensa de los derechos de los bolivianos, especialmente de las poblaciones más pobres y vulnerables".