El Gobierno de Bolivia rechazó hoy que la decisión del Congreso de suspender a dos magistradas electas del Tribunal Constitucional (TC) tenga que ver con un cálculo político para colocar en su lugar a jueces que respalden la reelección indefinida del presidente Evo Morales, como afirma la oposición.
"¡Tonterías! No tiene que ver con nada político, no tiene que ver con nada de reelecciones, no tiene que ver con el control del Tribunal Constitucional, tiene que ver con el respeto a la Constitución", afirmó este miércoles el vicepresidente, Álvaro García Linera.
En una rueda de prensa, García Linera, que preside el Parlamento, defendió la decisión tomada el martes por la Cámara de Diputados, controlada por el partido de Morales, de suspender y de juzgar a las magistradas del Constitucional Soraida Rosario Chanez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños, elegidas por voto popular en 2011.
Ambas están acusadas de los supuestos delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes" al haber decidido suspender la norma para procedimientos notariales impulsada por el Ejecutivo.
Según el vicepresidente, las magistradas tomaron aquella decisión tras aceptar una denuncia de inconstitucionalidad, sin haber emitido previamente una sentencia como exige la normativa vigente.
El magistrado Gualberto Cusi también firmó la suspensión de esa norma, pero su caso ha quedado sin tratarse al estar enfermo e internado en un hospital desde hace mucho tiempo.
Según García Linera, la ley suspendida establece procedimientos rápidos por la vía notarial para varios temas que favorecen a los ciudadanos, como el divorcio de mutuo acuerdo o la resolución de derechos hereditarios cuando no hay un testamento.
El vicepresidente dijo que no sabe si las magistradas actuaron de "de mala fe" o con "ignorancia" porque atentaron contra la seguridad jurídica y económica del Estado boliviano.
A su juicio, si se aceptara la forma en que procedieron las magistradas se sentaría un precedente para que cualquier denuncia paralice municipios, gobernaciones y empresas estatales.
Dirigentes de la oposición afirmaron el martes que la decisión del Gobierno y sus legisladores en la Cámara de Diputados tiene como objetivo colocar otros magistrados en el Constitucional para tratar en el futuro una eventual reelección indefinida de Morales.
En 2013, el TC ya fue criticado por haber avalado con un fallo, en medio de disidencias como la del magistrado Cusi, la nueva candidatura de Morales, que en las elecciones de octubre próximo buscará la reelección para un tercer mandato hasta 2020.
Pese a que la Carta Magna promulgada por el mismo Morales hace cinco años establece solo dos periodos consecutivos, la resolución constitucional argumentó que el primer período del mandatario (2006-2010) no cuenta para el cómputo porque el país fue refundado en 2009.
