En un nuevo capítulo de un caso que mantiene en vilo a Bolivia, el Vicepresidente Alvaro García Linera dijo que el proceso contra el diario paceño La Razón no es para sancionar o perjudicar al medio, sino para sancionar al "infidente" que entregó información sobre la demanda boliviana en La Haya -en el marco del reclamo marítimo contra Chile- dos días antes de que Evo Morales presentara la memoria en la Corte Internacional. En el "Día del Periodista" celebrado el sábado, García Linera aseguró que su gobierno quiere saber "qué funcionario público cometió esta infidencia".
El caso comenzó así: El domingo 13 de abril el periodista de La Razón Ricardo Aguilar reveló en el suplemento Animal Político aspectos inéditos de la memoria boliviana, presentada el martes 15 en La Haya. El artículo sostenía que la tesis boliviana, como finalmente ocurrió, se basaba en las promesas unilaterales que Chile hizo a Bolivia durante los últimos 100 años para otorgarle una salida al mar y que Santiago supuestamente no cumplió. La procuraduría acusó a Aguilar de "espionaje" y de "revelación de secretos", mientras que el propio Morales criticó en duros términos a La Razón.
Rigor periodístico
La justicia le exigió a Aguilar que revelara su fuente, en un proceso encabezado por el procurador Héctor Arce, que forma parte del equipo de Bolivia en la demanda contra Chile. García Linera dijo que su administración buscó al funcionario que filtró la información antes del inicio del proceso judicial. Además, aseguró que la ley de imprenta puede ser modificada si que es el gremio de los periodistas así lo acuerda. A su vez, La Razón ha insistido en que Aguilar consiguió todo de manera lícita y con los rigores del periodismo escrito.
El caso tiene una trama muy compleja, ya que lo hecho por Aguilar no suponía una información perjudicial para el gobierno boliviano según coinciden varios analistas. Además, el ex director del diario Página Siete, Raúl Peñaranda, sostiene que todo se trata una "tramoya", porque es García Linera quien maneja a su antojo el periódico La Razón. Lo mismo dijo a La Tercera el candidato de la oposición boliviana, Samuel Doria Medina: "Esto lo están urdiendo los del gobierno para tratar de ocultar un caso de corrupción".
Según el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León, la prensa boliviana ha sido puesta contra la pared por el gobierno.