"Nos invaden". "Son esponjas del sistema de Bienestar Social". "Que el gobierno actúe ya". Estos son algunos de los titulares que han publicado en las últimas semanas los diarios sensacionalistas británicos respecto del tema que se ha vuelto central en la agenda política del gobierno británico: la inmigración europea.

Desde principios de año, el gobierno de David Cameron está impulsando medidas que buscan reducir a menos de 100 mil personas la inmigración neta a Reino Unido para 2015, las cuales no se han visto exentas de cuestionamientos a nivel internacional. Y ahora no es distinto, puesto que el gobierno de coalición británico (compuesto por conservadores y liberales demócratas) anunció que desde el 1 de abril, los inmigrantes sin trabajo de la Unión Europea (UE) no podrán acceder al subsidio de vivienda sin antes haber trabajado y sólo podrán obtener el subsidio de desempleo por un máximo de seis meses.

Según medios locales, estas medidas hacen caso a las políticas migratorias que desde hace tiempo se están impulsando en el actual gobierno, que se encuentra inquieto por la llegada masiva de inmigrantes, especialmente desde Bulgaria y Rumania, países que ingresaron a la UE en 2007 y que sus ciudadanos, desde inicios de este año, pueden ingresar a trabajar libremente a los países de la UE.

Según la ministra del Interior, Theresa May, y el ministro del Trabajo, Iain Duncan, el objetivo de estas restricciones es frenar a aquellos que tratan de "explotar el sistema". "No permitiremos que la gente acuda desde el extranjero y espere obtener beneficios a cambio de nada", dijeron los ministros al diario The Daily Mail, sumando estas medidas a las que ya se encuentran vigentes desde el 1 de enero, cuando se retiró la ayuda económica que hacía posible entregar un subsidio de desempleo, por tres meses, a aquellos europeos que llegaban a Reino Unido sin trabajo.

"Desde el 1 de abril (los inmigrantes) no podrán acceder al subsidio de vivienda, a no ser que tengan trabajo y demuestren que han aportado al sistema económico", precisó May.

A su vez, el jefe del nacionalista Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Niguel Farage, fue más drástico respecto del tema, y en entrevista con el diario El País, sacó a colación un delicado tema: la pertenencia de Reino Unido en la Unión Europea, la cual se decidirá en un referéndum agendado para 2017. "Lo que nos gustaría es un sistema como el de Australia o Canadá: poder elegir el número y el tipo de personas que vienen a trabajar al Reino Unido. Y no podremos hacerlo mientras seamos miembros de la UE. Por eso queremos salir", afirmó Farage.

Por su parte, el secretario de negocios, Vince Cable -perteneciente al Partido Liberal Demócrata-, criticó la medida, aseverando que establecer un tope anual de menos de 100 mil extranjeros para 2015 "es impráctico", puesto que es una restricción que no ayudará en el debate sobre la inmigración que, de acuerdo con las encuestas, es uno de los temas que más preocupan a los británicos.

Tras conocerse la noticia, el portavoz de la Unión Europea, Michele Cercone, señaló a la agencia Efe que se "necesita clarificar" los detalles de la propuesta para limitar los beneficios sociales de los inmigrantes "para asegurarnos de que los cambios son compatibles con el derecho y los principios de la UE". "El derecho de libre circulación es un derecho de la Unión Europea. Ese derecho no es el de libertad de movimiento para el abuso de beneficios de la seguridad social", advirtió el vocero.

Pese a la pertenencia de Reino Unido a la UE, este país no forma parte del Acuerdo de Schengen, que establece la libre circulación de ciudadanos a través de los países del conglomerado.