El abogado general del Estado británico, Dominic Grieve, vetó hoy la difusión de las cartas enviadas por el príncipe Carlos al gobierno entre 2004 y 2005, que había sido autorizada por un tribunal a petición de un periodista.
Grieve argumentó al anular la decisión de la Corte que la correspondencia del heredero con los diferentes ministerios debía mantenerse confidencial porque formaba parte de "su preparación para reinar". De hacerse pública, agregó, podía quedar dañado el principio de neutralidad que se presupone a todo monarca y perjudicarle en el ejercicio de sus funciones.
Grieve aseguró que, para tomar su decisión, había consultado a miembros del gobierno antiguos y actuales, entre otras partes interesadas.
El pasado 18 de septiembre, un tribunal londinense dictaminó que el Ejecutivo tenía que hacer públicas esas cartas porque era del interés general "que haya transparencia sobre cómo el príncipe Carlos intenta influir al gobierno".
La corte respaldaba así la petición del periodista del diario The Guardian Rob Evans, que había reclamado ver esa correspondencia al amparo de la ley de libertad de información, una solicitud que le había denegado anteriormente el llamado comisario británico de Información.
Los magistrados dictaron entonces que las únicas cartas que podían difundirse eran las enviadas por el príncipe para promover sus puntos de vista o el trabajo de sus organizaciones benéficas, y no la correspondencia de tipo social ni las interacciones oficiales en su papel de heredero al trono.
Grieve ejerció hoy el poder de veto del gobierno sobre esta decisión, que afectaba a siete ministerios, entre ellos los de Empresa, Salud, Medio Ambiente y Cultura.