Preocupación había en los ministerios de Hacienda y Educación por la amenaza de la oposición de llevar al Tribunal Constitucional las glosas de gratuidad y becas.

Por esto, ayer la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y el ministro secretario general de gobierno, Nicolás Eyzaguirre, se reunieron con los jefes de bancada de la Nueva Mayoría, parlamentarios de oposición y con las comisiones de Educación para buscar una salida. La propuesta que el gobierno ayer preparaba para presentar al Congreso establecía inyectar más recursos para sumar 3.500 becas Bicentenario, originalmente destinadas exclusivamente para instituciones del Consejo de Rectores (Cruch), y que se extenderían a alumnos nuevos de planteles privados fuera del Cruch. Una inversión que significaría un aporte extra de casi 5 mil millones de pesos, según confirmaron fuentes de gobierno.

Un gestión que se extendió durante casi todo el día y que al cierre de esta edición aún no ingresaban como indicaciones para su votación.

Hace algunas semanas el senador RN, Andrés Allamand, anunció que parlamentarios de Chile Vamos recurrirían al TC "para asegurar la igualdad de trato para los estudiantes en materia de gratuidad, becas y créditos". Las razones, esgrimió el senador, serían la exigencia planteada a centros de formación técnica e institutos profesionales de ser sin fin de lucro para acceder a la gratuidad y las diferencias que existen en el número de becas que se destinan a las instituciones del Cruch, respecto a los planteles privados, que concentran más del 50% de la matrícula universitaria.

Un punto que ayer se flexibilizó de manera importante y que el mismo Allamand cree permitiría evitar la anunciada presentación al TC. "Hasta ahora hemos avanzado hasta el punto que a nosotros interesa. Esto es que en las ayudas estudiantiles, créditos y becas, se terminen las discriminaciones y se atengan como criterios, únicamente, a la vulnerabilidad de los alumnos y acreditaciones de las instituciones. Es un gran paso, en términos de terminar con discriminaciones odiosas. De aprobarse esta fórmula, en la práctica hace innecesario recurrir al TC, porque el acuerdo alcanzado, con un tiempo de gradualidad, recoge cabalmente los principios del fallo del Tribunal Constitucional del año pasado".

El acuerdo apunta, entre otras cosas, a aumentar gradualmente las becas para las universidades privadas. En 2017 y 2018, se proponen 7 mil becas Bicentenario para el Cruch y 3.500 para las no Cruch, además de 3.500 becas Gómez Milla. Para 2019, 10.500 Bicentenario para el Cruch y 3.500 a las no Cruch, y otras 3.500 Gómez Milla para ambos grupos.

En materia de educación técnica, el gobierno accedió a que los IP y CFT con cuatro o más años de acreditación y que no puedan optar al beneficio, se les compensará con becas Nuevo Milenio 3, que ascienden a $ 900 mil. Aquellas instituciones con más de dos años y menos de cuatro años de acreditación y que se transformen a sin fines de lucro, también podrán optar a la beca Milenio 3. El resto (con menos acreditación y con fines de lucro) recibirían becas para sus alumnos de $ 600 mil.

La diputada Cristina Girardi (PPD) señaló que con la propuesta del gobierno, de subir el número de becas Bicentenario, "la derecha se estaría conformando y ese sería el punto de negociación".

El senador Carlos Montes (PS), sin embargo, mostró su desacuerdo con el tenor de la propuesta. "No hay acuerdo sobre esto, es una propuesta. A ellos se les olvida que hay un plan de fortalecimiento para las universidades estatales. Respecto a estos puntos, aún no vemos una redacción definitiva, está todo líquido. Hay una negociación, pero esto se terminará de ver el lunes.

Hay que ver cómo se formula y los límites que tenga. Por ejemplo, nos parece mal que a las becas Bicentenario entren entidades con lucro aguas arriba. Eso es un retroceso. Nos parece mal que se le dé una beca Milenio a entidades con lucro y que no se comprometan a cambiar".

Preocupación del Cruch

Mientras el gobierno negociaba en Valparaíso, en Punta Arenas el Consejo de Rectores (Cruch), se enteró del posible a través de la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, quien señaló que se definieron aspectos para discutir, como la apertura de becas a instituciones fuera del Cruch, "pero siempre sobre la base de ciertos principios que para el gobierno son intransables, como que la gratuidad no puede ser para planteles con fin de lucro".

El presidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, señaló que "lo más grave es que esta negociación se produzca ante la amenaza de determinados grupos políticos de recurrir ante el TC. En ese momento, la amenaza se convierte en herramienta política de hecho, que contradice el estado de derecho".