La próxima semana el gobierno ingresará indicaciones al proyecto de ley de Universidades Estatales que recoge una serie de aspectos que habían pedido los parlamentarios de la Nueva Mayoría, entre estos que si un plantel rebaja o pierde su acreditación el rector podrá ser removido de su cargo.
En una reunión realizada el lunes entre la ministra de Educación, Adriana Delpiano, la jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras, y algunos diputados del oficialismo, se informaron los cambios que se harán al proyecto.
Luego, en la Comisión, Contreras afirmó que la idea es "recoger muchas de las indicaciones que se hicieron por parte de los diputados en materia de calidad y generar un nuevo párrafo segundo, en el título segundo, que apuntará a la calidad, evaluación y acreditación institucional".
Según explicó la jefa de la Divesup un elemento importante apunta a "las consecuencias de que una universidad rebaje sus años de acreditación o en el peor de los casos la llegase a perder (...) tendría que establecerse alguna sanción a las autoridades universitarias responsables de la no acreditación institucional, probablemente en un proceso gradual, primero se establecería una señal de advertencia, hasta llegar a una remoción del rector en la eventualidad que se reitere (la baja) en la acreditación".
Además, indicó que también se establecerá un mecanismo para recuperar sus años de acreditación mediante la ayuda de otra institución estatal. Esto implicaría la tutoría de otra universidad del Estado.
El diputado Rodrigo González (PPD) afirmó que "me parece correcta esta indicación, creo que tiene que haber una sanción para el rector en caso de perder la acreditación, lo importante es que los rectores se hagan responsable de sus universidades".
Su par Giorgio Jackson (RD), integrante de la Comisión de Educación, explicó que el proyecto que se está discutiendo establece una serie de causales de remoción del rector, lo que debe ser evaluado por el Consejo Superior y solicitado al Presidente de la República.
"La indicación que ingresaría el gobierno establecería que si el Consejo Superior lo estima puede solicitar al Presidente la remoción del rector. Yo creo que debe estar dentro de las causales, pero es parte de la autonomía del Consejo Superior la decisión de investigar para saber si hubo o no negligencia del rector", señaló el parlamentario.
El presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dijo que si bien como grupo no han discutido esta materia, porque aún no ha sido ingresada al Congreso, estima que "el gobierno antes de estar pensando en castigar a las universidades del Estado debería pensar en la calidad de sus planteles".
Vivaldi agregó que en caso de que una institución rebajara sus años de acreditación o la perdiera habría que investigar si había solicitado ayuda a las autoridades para resolver los eventuales problemas de la institución: "Quizás habría que echar al ministro de Educación y no al rector".
Autonomía
El académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, también criticó la propuesta, ya que "vulnera la autonomía de las instituciones, distorsiona los efectos de la acreditación que no esta hecha para incidir en el destino de sus autoridades sino, en el mejoramiento de la institución".
El rector de la U. de Valparaíso, Aldo de Valle, planteó que la ley debería establecer que este tipo de sanción sólo podría ejecutarse en caso de que existiera negligencia del rector, "pero la pérdida de acreditación podría deberse, por ejemplo, a problemas financieros provocados por la gestión del Ministerio de Educación. La remoción de un rector no puede establecerse por el solo ministerio de la ley".
