En medio de un escenario de incertidumbre para la empresa Subus, el gobierno aclaró ayer que los recursos que entregará al tercer mayor operador del Transantiago serán menores a los $ 23 mil millones solicitados en el marco de la revisión especial de los contratos.
La respuesta del Ministerio de Transportes es clave, pues mañana los acreedores de Subus tienen previsto reunirse para determinar si los fondos obtenidos alcanzan para saldar las deudas o bien la compañía entrará en quiebra. El ministro del ramo, Andrés Gómez-Lobo, dijo que "el cierre de la revisión extraordinaria se hará cumpliendo el marco contractual y no pensando en el monto que ellos necesitan para su deuda".
Se espera que el acuerdo quede zanjado esta semana, pero en la firma Subus se mantiene reserva sobre el tema. Entre los trabajadores de la empresa hay preocupación. Boris Guerrero, dirigente de los conductores, dijo que "si no se garantiza que habrá recursos para las indemnizaciones de los 6.200 funcionarios, no estamos dispuestos a continuar con los servicios". Esto, pues el gobierno anunció que si la firma quiebra, los conductores podrán seguir laborando, pues habrá un interventor que asuma como un "gerente" para administrar los bienes. Gómez-Lobo dijo que los recursos para pagar a los trabajadores están asegurados.