"Lo que señalamos desde el primer momento es que nos parecía que Carabineros debiese haber separado de sus filas a una persona que estaba condenada, y nos sorprendimos con la decisión del organismo contralor".

Con esas palabras, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, criticó ayer la decisión de la institución policial de mantener activo al cabo segundo Walter Ramírez, condenado por el asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo en 2008, en el fundo Santa Margarita, en La Araucanía.

La exigencia de "justicia" en el caso de la muerte de Catrileo, apuntando justamente a la permanencia de Ramírez en Carabineros, ha sido reivindicada por los sectores mapuches más radicales.

El 5 de diciembre del año pasado, la Contraloría evacuó un informe donde avala la reintegración de Ramírez a la institución, tras un cambio en su pena. Sin embargo, horas después de emitido el fallo, el contralor Ramiro Mendoza precisó que -al margen del dictamen-, Carabineros tenía la facultad de desvincularlo.

Fuentes del oficialismo aseguran que, cuando salió el fallo de Contraloría, Chadwick habló del tema con el general director Gustavo González Jure. La Moneda, sin embargo, optó por dejar la decisión en manos de Carabineros para no tensionar las relaciones con la institución.

De hecho, el 5 de diciembre pasado, tras el fallo de la Contraloría, Chadwick dijo que el gobierno quería "estudiar a fondo" la resolución, porque no la "esperábamos", agregando que el Ejecutivo, Carabineros y cualquier autoridad administrativa tenía que "respetar" el dictamen del órgano contralor.

Hoy, admiten las mismas fuentes, el escenario es diferente y se está evaluando una salida, pues el gobierno no tiene la facultad legal para exigir la expulsión de Ramírez. Por ello es que ayer se dio una señal política en esa línea.

La policía uniformada ha defendido la permanencia del funcionario -que actualmente cumple funciones administrativas en el departamento de fomento equino de Carabineros-, argumentando respetar la "instrucción" del órgano contralor.

En este marco, más tarde el titular del Interior, más que apuntar a Carabineros como en la mañana, entregó nuevos antecedentes. Además de revelar que había hablado con González Jure, aseguró que éste insistió ante Contraloría para que se autorizara la destitución de Ramírez.

"El director general de Carabineros ha insistido en la Contraloría para efecto de que se acepte la separación del cargo (...). Estamos a la espera del último informe de Contraloría y si así lo autorizan, la dirección de Carabineros lo va a separar de sus funciones, pero necesitamos que la Contraloría tenga la misma interpretación jurídica que tenemos en el gobierno y que tiene Carabineros", afirmó Chadwick.

Fuentes de Carabineros señalaron que se reunirán con Interior para analizar el tema desde un punto de vista jurídico y administrativo.

En La Moneda, en tanto, explican que la ofensiva del ministro busca dar una señal a los líderes de la Región de La Araucanía que han encabezado las reuniones de trabajo con el gobierno para buscar un acuerdo global en la zona, tras el ataque incendiario al matrimonio Luchsinger Mackay.

El lunes, en el marco de las rondas de trabajo que sostuvo junto al ministro Joaquín Lavín (Desarrollo Social) con parlamentarios, representantes del gobierno regional y autoridades mapuche, estos últimos habían planteado entre las condiciones para continuar el diálogo la baja de Ramírez.

Mientras, la vocera Cecilia Pérez aseguró que "Chadwick le ha representado a Carabineros desde el primer día cuál es la postura del gobierno. Carabineros es una institución autónoma en términos de ascensos y bajas y le corresponde a la institución tomar la determinación".

En tanto, el Ejecutivo decidió enviar a los gobernadores de Cautín y de Malleco como observantes a la cumbre del Cerro Ñielol convocada para hoy por el Consejo de Todas las Tierras. El intendente Andrés Molina asistirá hoy a una sesión especial del Senado, a la que también están citados Chadwick, Lavín, el fiscal Sabas Chahuán y Lorena Fries (INDH).

Chadwick inicia lobby por "ley Hinzpeter"

A pesar de que el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de reactivar la discusión del proyecto que fortalece el orden público, apodado "ley Hinzpeter", sorprendió a algunos en el gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, inició inmediatamente una ronda de conversaciones para destrabar su tramitación.

El lunes, en La Moneda, aprovechó una visita de parlamentarios de Coquimbo por la sequía para conversar con el diputado DC Matías Walker, uno de los que habían llevado las negociaciones de esta reforma, que busca sancionar a encapuchados y endurecer penas por tomas o manifestaciones violentas.

En el gobierno dicen que la idea es acordar un paquete de indicaciones para perfeccionar este proyecto, al que ayer el Ejecutivo le dio carácter de "suma urgencia". La vocera Cecilia Pérez dijo que el ánimo es fortalecer la autoridad policial y precisar que las sanciones sólo apunten a actos violentos. Chadwick, en tanto, dijo que esto no tiene relación con lo ocurrido en La Araucanía.

Pese a ello, en las conversaciones, los legisladores opositores le hicieron ver a Chadwick que era un despropósito impulsar esta reforma en medio del recrudecimiento del conflicto mapuche, que no tiene la connotación de un problema de orden público. "No es prioridad tramitar la 'ley Hinzpeter'", señaló Matías Walker.

Corte ratifica mantención

Corte Marcial ratificó el lunes, tras la petición de aclaración de sentencia solicitada por el abogado Gaspar Calderón, defensor del cabo segundo Walter Ramírez, que el carabinero podrá permanecer en la institución desempeñando funciones administrativas.

"El beneficio de la libertad vigilada otorgada a Ramírez alcanza no sólo a la pena privativa de libertad dispuesta, sino que también a las mencionadas penas accesorias", dice la resolución.

En agosto de 2010, Ramírez fue condenado a tres años y un día de presidio, bajo beneficio de libertad vigilada, por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte por el asesinato de Matías Catrileo. Este beneficio también abarca la pena accesoria de alejamiento de cargos públicos por el tiempo en que dure la condena.

"La situación está tan clara que no tendrían una explicación legal para sacarlo de las filas", dijo ayer Calderón.