La mayoría oficialista del Parlamento de Venezuela aprobó anoche una reforma legal que declaró como "servicio e interés público" a las telecomunicaciones, lo que la oposición rechazó por considerar que "viola la Constitución" y "cercena" los derechos económicos de los venezolanos.

Dicha reforma fue aprobada por la amplia mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, y con los votos negativos de la bancada opositora, integrada por una docena de diputados ex aliados del gobierno del Presidente Hugo Chávez.

El artículo 5 de la norma señala que "se declaran servicio e interés público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y producción nacional audiovisual".

El diputado Juan José Molina, del opositor partido Podemos (izquierda), dijo que esa declaración buscaría facilitarle el camino al gobierno a la hora de cancelar el permiso legal para operar a una radio o una televisión que incurra en algún "error" o se "vea involucrado en una denuncia". "El artículo 108 de la Constitución establece de manera clara que el Estado lo que tiene es que garantizar el servicio público, no declarar como tal, ese artículo es violatorio de la Constitución", afirmó Molina.

Otro punto criticable de la reforma legal, afirmó Molina, es que establece que "ninguna persona natural o jurídica podrá obtener en concesión o controlar más de una radio en una misma banda de frecuencia", lo que "viola" el derecho a la libre empresa.

En la modificación a la Ley de Telecomunicaciones fue eliminado el artículo que creaba un punto único de acceso a internet, que generó gran polémica y fue objeto de denuncias por parte de la oposición, que habló del establecimiento de un "mecanismo de censura".

Se mantiene que el Estado venezolano es el administrador del espacio radioeléctrico, y que para su explotación se requiere una habilitación o permiso que antes podía ser de un máximo de 25 años pero que la reforma redujo a 15 años, aunque renovables.

La reforma "está perfectamente ajustada a la Constitución, no violenta ningún derecho, ratifica la libertad de expresión en Venezuela y el desarrollo de las telecomunicaciones", afirmó por su parte el diputado oficialista Manuel Villalba.