El Gobierno de EEUU presentó este lunes una demanda ante el tribunal federal de Birmingham, Alabama, en contra de la ley migratoria HB56 de ese mismo estado, por considerar que contraviene la autoridad del Gobierno federal. La demanda federal se suma a las interpuestas por grupos religiosos y cívicos en contra de la misma normativa.

La ley  fue aprobada en junio por la legislatura estatal de ese estado y, de no ser derogada por el tribunal, entraría en vigor el mes próximo.

Entre otros elementos, la ley convierte en delito ser inmigrante indocumentado, prohíbe la contratación de indocumentados y permite que la policía averigüe el estatus migratorio de quienes sospeche que se encuentran de forma ilegal en Alabama.

Además, penaliza a quienes oculten, alberguen, transporten o ayuden a indocumentados, o a quienes les arrienden vivienda, y exige que las autoridades escolares reporten a la junta estatal de educación el número de estudiantes nacidos en el exterior o que tengan un padre indocumentado.

A través de la demanda, el Departamento de Justicia busca la anulación de varias cláusulas de la H.B. 56, por considerar que estas se anteponen a la ley federal y, por lo tanto, violan la Constitución de Estados Unidos.

La demanda interpuesta por el Departamento de Justicia deja en claro que "aunque el Gobierno federal valora la ayuda y cooperación de los estados respecto al cumplimiento de las leyes de inmigración, un estado no puede establecer su propia política migratoria, y mucho menos aprobar leyes que contravienen" la autoridad del Gobierno federal en ese campo.

Se calcula que alrededor de 120.000 inmigrantes indocumentados viven en Alabama, según un estudio del Centro Hispano Pew en Washington.