La renovación de la cuestionada red de centros de detención de indocumentados debe lidiar con un tema clave: la disparidad en las compensaciones que paga el gobierno a una improvisada madeja de prisiones privadas y cárceles municipales que albergan a miles de presos.
La AP consiguió copias de contratos que ilustran el problema y comprobó que no todas las discrepancias pueden ser atribuibles a cuestiones geográficas o diferencias en el costo de la vida. Por ejemplo, un penal de condado de un suburbio de Atlanta recibe menos de 43 dólares por día por alojar a un indocumentado, mientras que otro de una zona rural de Nuevo México cobra 93 dólares, casi lo mismo que se paga en Los Angeles.
Algunas cárceles municipales cobran únicamente por el costo del alojamiento, mientras que otras entran en sociedad con empresas privadas con fines de lucro.
La semana pasada el gobierno de Barack Obama anunció una serie de "reformas importantes" en los centros de detención de indocumentados, incluida la asignación de funcionarios del gobierno nacional a las instituciones más grandes para supervisar el trato que reciben los detenidos. Al hacer al anuncio, John Morton, el nuevo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), admitió que el actual sistema tiene numerosas fallas y escasa supervisión.
"No hay uniformidad", expresó.
Morton se comprometió a revisar todos los acuerdos del ICE con 350 instituciones que reciben indocumentados, a un costo de 1.700 millones de dólares anuales. La mayoría de las instalaciones fueron diseñadas para alojar delincuentes, pero reciben personas arrestadas por el simple hecho de no tener papeles, que enfrentan la justicia civil y que con frecuencia nunca cometieron delito alguno. También reciben familias enteras y personas que han pedido asilo.
Sólo una décima parte de las 33.400 camas que emplea el ICE son propiedad del estado y administradas por el estado. De las demás, el grueso son administradas por instituciones privadas. Y un 16% son alquiladas a contratistas privados, que las administran. La mayoría de las camas son propiedad de gobiernos estatales y municipales, que las alquilan a contratistas privados.
Como consecuencia de esto, en casi todos los casos la detención de indocumentados incluye pagos a empresas u organismos que no son parte del gobierno federal.
Muchos de esos contratos fueron negociados en la última década, en que el gobierno encargó numerosas operaciones y servicios a entidades privadas y el ICE, bajo presión para que detuviese a muchos indocumentados que en el pasado no eran arrestados, se vio obligado a añadir espacio.
"Tuvieron que encontrar rápidamente sitios con camas", dijo Peter L. Markowitz, director de la Immigration Justice Clinic de la Facultad de Leyes Benjamin N. Cardozo.
Usando la ley de libertad de información, la AP consiguió los contratos del ICE con algunos de los centros de detención más grandes; el propio ICE comenzó a colocar decenas de contratos en la internet. Las tarifas diarias que paga el gobierno varían drásticamente, incluso en una misma región.
Por ejemplo, el condado de Orange, en el estado de Nueva York, cobra casi 134 dólares por día, comparado con los 105 dólares que percibe el centro del condado de Monmouth, estado de Nueva Jersey, a solo 170 kilómetros (106 millas) de distancia. Ambos condados están casi a la misma distancia de la ciudad de Nueva York.
Los acuerdos que firma el ICE con los gobiernos estatales y municipales dan margen para ganancias, declaró la portavoz del organismo Ernestine Fobbs. El condado de Haskell, Texas, percibe 1.000 dólares mensuales más de lo que le paga a un contraista privado para administrar el Rolling Plains Regional Detention Center. Usa el dinero adicional para mejorar los salarios de un departamento de alguaciles de tres miembros, según el principal funcionario del condado, David Davis.
Haskell cobra 58 dólares diarios por detenido, una suma muy inferior a los 97 dólares que percibe el condado de Otero, Nuevo México, pese a que ambos condados son rurales y construyeron prisiones como parte de un proyecto de desarrollo. Davis dijo que no estaba al tanto de que otros condados vecinos cobraban mucho más.
El condado de Otero abrió un dentro de detención de indocumentados el año pasado, a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de El Paso, porque vio el "potencial de generar algunos ingresos", señaló asistente del administrador del condado, Ray Backstom.
Indicó que el condado consigue "pequeñas" ganancias con cada cama que es ocupada, aunque dijo no saber exactamente cuánto. El condado de Otero percibe tres dólares menos que lo que se paga a un centro de detención del condado de Los Angeles.
Morton afirmó que el ICE tiene planes a largo plazo para alojar a indocumentados en sitios más apropiados que instituciones para delincuentes.
Defensores de los indocumentados proponen que se usen más aparatos electrónicos de vivilancia y que se permita a los indocumentados que sigan libres mientras se procesan sus casos.
Los propios funcionarios del ICE dicen que no se presentan prácticamente problemas cuando se usan aparatos electrónicos, que cuestan 13 dólares diarios, pero sostienen que generalmente toma más tiempo procesar el caso si la persona está libre.
"Hay entidades que se benefician de la detenciones", manifestó Jacqueline Esposito, de la Detention Watch Network, organización que sigue de cerca el tema de las detenciones de indocumentados. "Hay alternativas que cuestan mucho menos. Corresponde preguntarse cuál es la motivatión de un sistema de detenciones que ha explotado".