El Gobierno de facto de Honduras rechazó hoy viernes la amnistía política como una salida a la crisis que vive el país por el derrocamiento de Manuel Zelaya, porque "está por encima" del acuerdo de Tegucigalpa-San José.

"La amnistía no es competencia del Gobierno (...) los negociadores del señor Zelaya y los negociadores del presidente (de facto, Roberto) Micheletti la eliminaron del Acuerdo de Tegucigalpa-San José; entonces, no tiene razón estarla sacando ahora de nuevo", señaló a la prensa el canciller de facto, Carlos López.

López agregó que "hacer exigencias por encima del Acuerdo de Tegucigalpa-San José no tiene sentido".

El acuerdo fue firmado el pasado 30 de octubre por las delegaciones de Zelaya y del presidente de facto, Roberto Micheletti.

Las palabras de López se producen después de que los presidentes de Panamá, Ricardo Martinelli, y de Costa Rica, Óscar Arias, dijeran el martes al gobernante electo hondureño, Porfirio Lobo, que la comunidad internacional pide amnistía política para Zelaya, quien permanece en la embajada de Brasil desde el pasado mes de septiembre.

"En este caso no existe título para hacer ni demandas ni exigencias, lo más que puede haber es una 'respetuosa petición' de gobiernos externos, porque Honduras es un Estado soberano", y la respuesta del Gobierno es: "Tomo nota de su deseo, pero no, muchas gracias", dijo López.

Otros planteamientos de Arias y Martinelli a Lobo fueron que Micheletti renuncie, porque ya el Congreso Nacional rechazó la restitución de Zelaya, y que se integre el Gobierno de reconciliación establecido en el acuerdo.

Sobre Micheletti, López indicó que "por supuesto" continuará en el cargo hasta el 27 de enero próximo, cuando asumirá Lobo, pues "para eso lo eligieron en el Congreso" el 28 de junio tras el derrocamiento de Zelaya.

Agregó que insistir en la amnistía política sería "una injerencia en los asuntos internos de Honduras" y algo totalmente "fuera del marco de lo convenido por el ex presidente Zelaya y que desde el momento en que lo firmó acepta sus consecuencias, porque hay un principio en Derecho de que hay que cumplir lo legalmente pactado".