El Gobierno de Japón planea perdonar al operador de la accidentada central nuclear de Fukushima, TEPCO, parte del gasto por descontaminar las áreas afectadas por la alta radiación, en su objetivo de acelerar las labores de limpieza en torno a la planta, informó el diario Nikkei.

El Ejecutivo nipón prepara una propuesta que permitiría a Tokyo Electric Power (TEPCO) pagar únicamente 1,5 billones de yenes (11.136 millones de euros) del total de 5 billones de yenes (37.120 millones de euros) que prevén costará descontaminar los alrededores de la central de Fukushima, epicentro de la crisis nuclear.

La estrategia del Gobierno es acelerar la limpieza de las zonas de exclusión alrededor de la planta, ante las dificultades económicas de TEPCO para hacer frente a las indemnizaciones millonarias para los afectados o del proceso de desmantelamiento de la central, que se estima se prolongue durante más de 40 años.

El Gobierno pretende también asumir el coste de las instalaciones necesarias para almacenar y descontaminar la tierra del suelo, muy susceptible de acumular radiación, en una operación que se estima se pueda disparar hasta los 2 billones de yenes (14.848 millones de euros).

Según el diario, el Gabinete podría presentar la próxima semana un informe para convencer al resto de grupos parlamentarios de la necesidad de invertir fondos públicos en la descontaminación de la prefectura.

Una de las formas que propondrá será la creación de un fondo especial de reconstrucción, algo que podría incrementar los impuestos ya asignados a partidas como el desarrollo energético y elevar nuevamente, tras el incremento de cerca del 9 por ciento del año pasado, las tarifas eléctricas del país.

En el periodo de abril a junio, primer trimestre del año fiscal nipón, TEPCO reportó una pérdida antes de impuestos de 29.490 millones de yenes (219 millones de euros).

La empresa, que suministra electricidad a unos 30 millones de personas en la región de Tokio, se encuentra sumida en un proceso de reestructuración de 10 años bajo control del Estado, del que recibió el año pasado una inyección de 1 billón de yenes (7.425 millones de euros) para solventar los aprietos económicos.