El gobierno español del conservador Mariano Rajoy reformará la ley del aborto para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.
Así lo anunció hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en línea con el programa electoral del PP, que ganó las elecciones del pasado 20 de noviembre por mayoría absoluta.
La ley del aborto aprobada en 2010 durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero no exige el consentimiento paterno aunque sí que los progenitores sean informados en caso de que menores de entre 16 y 17 años vayan a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.
Además la actual ley establece el aborto libre, sin justificación, hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.
El PP se opuso a la ley de 2010 y presentó un recurso contra ella en el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado. En 2010 un total de 113.032 mujeres abortaron en España, un 1,3% más respecto al año anterior.
Ruiz-Gallardón recordó que la actual norma se aprobó "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y señaló que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.
La actual ley de aborto sustituyó a la legislación que databa de 1985, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
En 1985, la Ley del Aborto supuso uno de los cambios legislativos más importantes registrados en España, donde el aborto había sido siempre ilegal con la única excepción de la legislación aprobada en Cataluña durante la II República en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil Española, y que fue suprimida en 1938.
Ruiz-Gallardón recordó que la actual norma se aprobó "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y señaló que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.