El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció este lunes que tras revisar los antecedentes técnicos y jurídicos pertinentes,el gobierno decidió derogar el reglamento de consentimiento expreso en los contratos financieros.

En su reemplazo se procederá a elaborar un nuevo reglamento que proteja adecuadamente los derechos de los consumidores, habiendo previamente recogido la opinión de los actores relevantes, precisó el secretario de Estado.

"La solución que se propuso en el reglamento que conocemos perjudica a los consumidores porque, entre otras deficiencias, entrega al proveedor la facultad de terminar un contrato vigente si las personas no aceptan el cambio de condiciones. Esto da al proveedor un poder casi omnímodo para presionar a los consumidores a aceptar cambios que los perjudiquen, lo que afecta especialmente a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica", dijo el ministro.

Agregó que "llegó el momento de tratar la protección del consumidor con la seriedad que se merece. Este reglamento no es serio porque no resuelve el problema y condena a los consumidores más vulnerables a la indefension. Por eso hay que eliminarlo y reemplazarlo por otro que de verdad proteja a los consumidores".

La normativa sobre manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios financieros propuesta por la administración anterior se encontraba objetada en el Tribunal Constitucional (TC), el que habría estado a la espera de la definición del nuevo gobierno para resolver sobre la constitucionalidad del reglamento.

Desde mayo de 2013, los bancos alegan que no pueden aumentar las comisiones en los productos financieros de sus clientes, debido a la incertidumbre regulatoria en que quedó la industria tras la derogación por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) de la norma de consentimiento tácito. "Esto es el abuso del abuso", dijo entonces Jorge Awad, presidente de la Asociación de Bancos, en respuesta a la eliminación decretada por la Sbif.

Tras la decisión de la Sbif, encabezada en ese entonces por Raphael Bergoeing, de dejar en manos del Sernac toda la protección del consumidor financiero, el Ministerio de Economía -en coordinación con Hacienda y el Banco Central- diseñó un quinto reglamento dentro de la ley del Sernac Financiero, para incluir tanto mecanismos remotos como presenciales para que las personas puedan expresar su aprobación a cambios en contratos.

A mediados de diciembre del año pasado, y luego de tres meses de trámite de toma de razón, la norma de consentimiento explícito fue visada por la Contraloría y publicada en el Diario Oficial para su ejecución. Sin embargo, a los días siguientes un grupo de diputados de oposición y posteriormente la Cámara Baja, a través de un proyecto de acuerdo, presentaron requerimientos en el TC para frenar la normativa.