"Esta licitación no tiene ofertas por lo que se declaró desierta". Escueta pero categórica es la Resolución del Acta de Deserción fechada el viernes 12 de julio y que da por finalizada la licitación pública para el trabajo de campo de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social.

El proceso, que había comenzado en marzo con la elaboración de las bases, había sido abierto a los oferentes el 19 de junio y culminó el viernes pasado.

Se trata de la primera vez que esta etapa de la encuesta, que se licita desde 2009, no presenta ofertas. En la última Casen, de 2011, este trabajo fue adjudicado al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esta institución también había obtenido la licitación en 2012, proceso que no obstante quedó sin efecto tras la decisión del gobierno de suspender la medición frente a los cuestionamientos técnicos y metodológicos de que habían sido objeto los resultados del año anterior, que arrojaron una reducción de la tasa de pobreza desde un 15,1% a un 14,4%.

El Ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, indicó que la cartera "se encuentra en un proceso de análisis y sosteniendo diversas reuniones para evaluar los pasos a seguir en el proceso".

Por el momento, y al no haber postulantes para el levantamiento de datos de la medición -cuyo contrato se firmaría a fines de septiembre para ejecutar el trabajo de campo a contar de la primera semana de octubre-, el cronograma de la Casen queda en suspenso.

"Podrían volver a subir la licitación, pero por el monto involucrado -$ 1.411 millones- y los procesos establecidos, tendría que estar arriba durante un período equivalente al de ahora. Eso significa que pasaría por lo menos un mes más, lo que no calza con los plazos de la encuesta para mantener comparabilidad. Por lo tanto, nos acercamos a un escenario donde podría no haber Casen 2013", señala una fuente vinculada al proceso.

DUDAS DE LOS OFERENTES

Pese a que no se presentaron ofertas, de acuerdo a la información disponible en el sitio web Mercado Público, sí hubo entidades interesadas en participar. De hecho, los organismos -cuyos nombres no fueron revelados- enviaron una serie de preguntas al ministerio a cargo del proceso.

Algunas de las inquietudes apuntaron a qué institucionalidad garantizaría "la confianza y credibilidad del proceso" asumiendo las funciones que hasta el año pasado desarrolló la Cepal, entre ellas el cálculo de la tasa de pobreza. Asimismo, también se plantearon dudas respecto de los protocolos que se establecerían entre este nuevo organismo a cargo y el ministerio, "de tal forma que se garantice la autonomía del cálculo de la pobreza", se señala.

"¿Se incluirá un mecanismo de ajuste de ingresos como el realizado por Cepal en ocasiones anteriores? ¿Será la nueva institución la encargada de manera autónoma de dicho ajuste de ingresos por medio de protoclos detallados"?, dicen otras de las reguntas.

Ante estas dudas, la cartera se limitó a responder, a través del mencionado sitio web, que "las preguntas formuladas no corresponden a una materia que se encuentra regulada en las bases de la licitación". El miércoles pasado, el ministerio convocó a una comisión de siete expertos encargados de acompañar y velar por la encuesta, desde "la etapa de diseño del cuestionario" -que actualmente se encuentra en elaboración- "hasta el cálculo de la pobreza y la comunicación de los resultados". Además, esta instancia propondrá qué entidad estará a cargo de hacer el cálculo de la pobreza. Todo esto, con el fin de "garantizar la calidad, eficacia y transparencia" de la encuesta.