El gobierno interpuso denuncias judiciales contra 262 gendarmes que desde hace dos semanas realizan medidas de fuerza, incluidos paros de actividades, en demanda de una mejoría en sus sueldos y en sus condiciones laborales.

Las acciones judiciales fueron interpuestas por el delito de obstrucción en el traslado de imputados desde las cárceles a los centros de justicia y denegación del servicio público.

La medida, criticada por algunos sectores que la consideran excesiva, se implementó en momentos en que dirigentes amenazan con la radicalización de la protesta que mantienen dos agrupaciones de Gendarmería.

"El gobierno ha querido que nuestro movimiento se judicialice y ha interpuesto 262 denuncias ante los tribunales, pero no nos amedrantarán ni acobardarán. Si tenemos que ir a la cárcel, iremos a la cárcel", sentenció el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Pedro Hernández.

El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, confirmó que las denuncias contra funcionarios y dirigentes ya fueron interpuestas "a lo largo de todo el país" y que los involucrados ya comenzaron a ser citados por la Justicia.

"No acatar órdenes judiciales es desacato y tampoco se puede dejar de cumplir labores propias del servicio", enfatizó Frei.

El funcionario añadió que su cartera "no permitirá que se utilice a los internos como instrumento de negociación y se afecten así sus derechos".

La vocera de gobierno, Carolina Tohá, expresó el malestar del gobierno por la paralización de los gendarmes y advirtió que "prolongar esta movilización por más tiempo, lo único que está causando son daños a la población en un momento en que requerimos los servicios públicos funcionando".

La protesta "no le hace bien al país y no va a ser efectiva para los intereses de los gendarmes", añadió la vocera.

En tanto, la Asociación de Empleados Fiscales, Anef, ratificó un paro nacional para mañana en apoyo a los gendarmes y afirmó que, de no ser resueltas sus demandas, la protesta podría  extenderse.