Los dos últimos gobiernos anunciaron la implementación de un "narcotest" en la conducción, dispositivo que detecta el consumo de diversos tipos drogas, con el fin de retirar de circulación a los pilotos que generen riesgo de accidentes de tránsito. Sin embargo, ninguna de las dos administraciones ha logrado poner en marcha la medida debido a una "restricción presupuestaria" para adquirir los equipos.
La Fundación Emilia solicitó este año -a través de la Ley de Transparencia- una respuesta al Ministerio de Transportes sobre el estado de esta iniciativa. Ante ello, el 18 de octubre pasado, la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) respondió que el proyecto "se encuentra sin avance, ya que requiere una importante inversión para su implementación tanto de parte de Transportes como del Servicio Médico Legal". El documento agrega que "dada la restricción presupuestaria resulta pertinente avanzar primero con el proyecto de etilómetros evidenciales, para el cual se está evaluando una modificación normativa que facilite su implementación".
Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, entidad que promueve planes de seguridad vial, dice que la puesta en marcha de esta medición debería haber partido hace al menos siete años. "Es parte de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y la Organización Mundial de la Salud en el 2010", dice.
Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Conaset, Gabriela Rosende, explica que hay una mesa intersectorial para estudiar el proyecto sobre el narcotest, instancia que está analizando la experiencia internacional y "a partir de ello las bases para implementar el sistema evaluando su financiamiento". Por ahora, dice que se ha privilegiado implementar un alcotest evidencial (ver nota secundaria). El valor de cada narcotest (que detecta el consumo a través de la saliva) asciende a $ 3,5 millones, según la empresa especializada Dräger Chile (que comercializa los alcotest usados por Carabineros) y puede identificar drogas como cannabis, cocaína, benzodiazepinas y éxtasis.
Sanciones
Carolina Figueroa añade que hay preocupación, pues si no se aplica esta medida no se puede implementar a cabalidad la Ley Emilia, que establece penas de entre tres y 10 años de cárcel y obliga a un año de prisión efectiva a los responsables de una muerte en un accidente de tránsito por tomar alcohol o drogas.
Alberto Escobar, gerente de estudios del Automóvil Club de Chile, añade que la ingesta de marihuana, cocaína y el uso de benzodiazepinas "es cada vez más común", pues los análisis indican que al menos el 5% de los pilotos declaran haber consumido alguna vez mientras manejaban. Añade que este tipo de controles, además, tienen un efecto "disuasivo" en los conductores, quienes optan por otro tipo de modos de transporte (aplicaciones o taxis) cuando no están aptos para conducir
