Más de dos años han transcurrido desde que el gobierno presentó la Agenda Impulso Competitivo, y nueve de sus 60 medidas continúan pendientes. De éstas, seis fueron definitivamente descartadas.
Una de las iniciativas que quedó en el camino -en un contexto, además, de escaso espacio legislativo-, es la que propuso fijar por ley "mecanismos que estimulen" a los grandes proyectos aportar a los lugares donde se instalan. Pese a que fue una de las materias más defendidas por el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine-quien presentó la agenda- el Ejecutivo no logró acordar una fórmula para instaurar el sistema que bajo el análisis de los privados permitiría destrabar las inversiones, facilitando la aprobación de las comunidades. "Era interesante, pero no hubo consenso en lo técnico entre los involucrados, sobre todo en lo relacionado con el tratamiento de incentivos; si requerían de tratamiento tributario o no, y qué tasa. Al final, no se avanzó", dice Esteban Carrasco, director de la oficina de Competitividad del Ministerio de Economía.
Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, lamenta la determinación, y sostiene que hubiese ayudado a regular una compensación que hoy, en la práctica, ya se da. "Actualmente hay un aporte que nace de la negociación, del tira y afloja con las comunidades. Creo que es malo que cada proyecto, individualmente, deba negociar su cupo de esa manera, porque el origen de la compensación tiene que ver con un tema ambiental, no social", señala.
A su juicio, una solución alternativa es que una parte de los impuestos que pagan las firmas quede en la región donde se generan. "Eso da transparencia, certeza. Permite que la empresa sepa cuánto va a costar el proyecto. Lo mismo para las comunidades", agregó.
De acuerdo con altas fuentes de gobierno, durante el proceso de evaluación de fórmulas, uno de los reparos que surgió es el que se terminara imponiendo un tributo adicional que no garantizara el respaldo de la comunidad.
OTRAS MEDIDAS
En las próximas semanas, dice Carrasco, el Ejecutivo buscará entregar a la administración entrante un informe con las tareas pendientes del plan. De las seis acciones desechadas, cinco corresponden a las primeras 50 anunciadas en mayo de 2011. La sexta fue dada a conocer en febrero de 2012 y apuntaba a un nuevo impulso al mercado del litio.
Además de las compensaciones a las comunidades, otra iniciativa que implicaba un cambio legal era la que buscaba modernizar el sistema de concesiones acuícolas, agilizando su tramitación y separando su otorgamiento de la autorización ambiental. "El gobierno está trabajando en mejorar la reglamentación actual, y mientras ese proceso no esté terminado, no hacía sentido avanzar en una propuesta legislativa", dice Carrasco.
En el ámbito administrativo, el gobierno decidió no modificar las primas del seguro para accidentes del trabajo -que buscaba evitar cambios bruscos en las empresas más pequeñas-, y también optó por no autorizar la operación de transportistas multimodales de carga con responsabilidad en toda la cadena logística. Junto a ello, quedó sin efecto el aclarar la normativa que exime a las exportaciones de servicios empresariales del pago de IVA y la devolución de los impuestos pagados por sus insumos.
