Pese a la publicidad con que en mayo pasado se anunció su envío a Valparaíso, nada bien le ha ido al proyecto de ley que busca crear la primera base consolidada de deudas de todos los chilenos. Tras varios intentos, el gobierno virtualmente congeló su tramitación y así pone fin, por ahora, a uno de los capítulos más polémicos en la antigua batalla que desde los 90 libran dos grandes industrias del país: la banca y el retail.

Desde hace muchos años la banca viene pidiendo acceder no sólo a la información de la deuda morosa de los clientes de tarjetas del comercio (hoy disponible en el Boletín Comercial), sino también a la de aquellos que están al día en sus pagos, para conocer el monto global de crédito que las personas han contraído con las grandes tiendas y determinar así mejor su riesgo. Pero las multitiendas han logrado contener lo que consideran una expropiación de uno de sus activos (la información que han recabado de sus clientes).

La decisión gubernamental de congelar la tramitación de la iniciativa legal se debe a que ésta enfrenta dos grandes trabas en sus propias filas, que la hacen inviable. Primero, la intención del PPD-PS de incorporar un ranking o score (puntuación) de comportamiento financiero que premie el buen desempeño, que el Ejecutivo no comparte. Y el rechazo de la DC al leitmotiv del proyecto, como es la creación del Registro Central de Obligaciones Económicas (Recoe), que reuniría los datos comerciales de los clientes de la banca, retail y de otras entidades, morosos y al día. A eso se suma la negativa de la oposición, que deja a la autoridad sin piso para continuar.
El proyecto, además, rediseña el Boletín Comercial que hoy maneja la Cámara de Comercio de Santiago y licita la gestión del nuevo registro.


ARGUMENTOS EN DEBATE
Según el diputado UDI Gonzalo Arenas,  presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, donde se ha tramitado el texto desde que llegó ahí, el 8 de mayo pasado, el proyecto se discutió durante tres meses y aunque el gobierno, a través de la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, se comprometió a evaluar cambios, no se volvió a revisar. "De eso hace cuatro meses. Lo que ha pasado es que el gobierno echó pie atrás, pues no hay consenso mínimo en la
Concertación y, además, un partido clave, como es la DC, rechaza su eje central", afirma.

Tanto así que La Moneda no apoyaría insistir. "Se me ha informado que el ministro José Antonio Viera-Gallo (de la Segpres) no está por seguir con el proyecto y desgastar al gobierno en un tema que no estaba en su agenda. Está congelado el debate", agrega Arenas.

El diputado PPD Eugenio Tuma,  gestor de la moción que dio origen al proyecto de Hacienda, añade que el texto recibió más de 200 indicaciones que evidencian las diferencias por el tema: "Es lamentable, pero es claro que el gobierno no se va a comprometer con un proyecto que no es vital en su agenda sin apoyo transversal en la Concertación. Creo que el tema quedó para la próxima administración".

El presidente DC, diputado Juan Carlos Latorre, confirma la postura de su partido y explica que, dado que la iniciativa trata la información privada y detallada de millones de consumidores, se requiere un análisis que demanda tiempo y espacio que hoy no tiene el Congreso por la coyuntura electoral. Explica, además, que no ven razones fundadas para un registro consolidado y con tanto detalle de información. "A nuestro parecer, atenta contra el derecho a la privacidad y a la propiedad, no garantiza que finalmente los datos no se hagan públicos y establece una obligación para los consumidores, que no compartimos, como es verse forzados a autorizar que un tercero conozca sus gastos al hacer una simple consulta bancaria", opina.

El dirigente, además, duda que un registro único facilite el financiamiento y tasas más bajas a sectores que hoy no son parte del negocio bancario, como ha dicho esa industria: "Eso fue precisamente lo que no pasó en la crisis. El Banco Central bajó las tasas a niveles históricos y la banca no lo traspasó  todo  a sus clientes".


PARA EL SUCESOR DE LA MONEDA
En los ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda confirman que como está se hace difícil insistir en lo que resta de gobierno, porque no hay espacio legislativo ni político. El destino del texto, coinciden asesores de ambas carteras, dependería del interés que despierte en el sucesor de La Moneda.

Las industrias afectadas, en tanto, declinaron comentar el tema.