Luego de que el martes la Comisión de Educación de la Cámara Baja aprobara en general el proyecto de ley para la creación de dos nuevas universidades estatales, en las regiones de O'Higgins y Aysén, se conoció que el gobierno contempla para la iniciativa un presupuesto, -según el informe financiero al que accedió La Tercera-, de $ 65 millones mensuales para cada plantel, para apoyar su instalación y puesta en marcha cuando se apruebe la iniciativa. Los recursos tienen como objetivo financiar arriendo y gastos de operación.
Además, se contempla un segundo ítem -que se espera incluir en la Ley de Presupuestos- para los primeros tres años de actividad. "Se incluirán los recursos necesarios para la compra o construcción y equipamiento de las dependencias de cada una de las universidades", dice el texto, que estima para esta materia un gasto fiscal de $ 7 mil millones por cada plantel.
Al respecto, el académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, dice que le resulta "extraño asignar una cantidad de recursos a una entidad sin saber cuál será el enfoque o qué tipo de carreras impartirá". Ante esto, el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, responde: "Los $ 65 millones servirán para echar andar a la institución hasta que empiece a funcionar. Luego, los planteles recibirán el aporte fiscal directo y además tienen los $ 7 mil millones para la instalación y compra de equipos, por ejemplo".
¿Cómo se usarán estos recursos? ¿Qué actividades emprenderá cada universidad?, se cuestionan expertos y parlamentarios. Palma dijo que eso lo deben responder las comunidades de cada zona, que ya trabajan en comités ejecutivos para determinar los lineamientos de los planteles.
Sobre los montos proyectados, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), Aldo Valle, declaró que "uno debe esperar que el régimen de financiamiento que tendrán deberá quedar establecido anticipadamente, no en los montos, pero si en los instrumentos de financiamiento, en la ley que crea estas universidades".
Con todo, Brunner cuestiona el orden que se sigue, pues antes, dice, "debería presentarse un proyecto ante el Consejo Nacional de Educación y luego señalar qué instancia supervisará el desarrollo del proyecto". "Partir por distribuir el dinero, sin tener claro la misión, las metas ni una carta de navegación clara, no augura un buen destino para las instituciones", indicó.
Comités de expertos
Respecto del avance de los comités ejecutivos, la intendenta de O'Higgins, Morín Contreras, dijo que se elaboró un documento que indica que la universidad debe "tener asentamientos en distintas partes del territorio de acuerdo a las vocaciones de estos, relevando las temáticas de turismo, agricultura, metalurgia, salud y recursos marinos". Agregó que el plantel "debe basar gran parte de su trabajo en la investigación y desarrollo y aportar ideas innovadoras para el crecimiento de la región". Indicó que la ubicación aún debe definirse, pero que la comisión sugiere que consideren "inmuebles fiscales que en su momento fueron construidos para albergar una universidad, que están en Rengo y San Fernando".
En tanto en Aysén, la intendenta Ximena Ordenes sostuvo que el 31 de enero entregarán su primer informe, donde detallarán la ubicación -que sería en Coyhaique-, carreras y planta docente. Agregó que pretenden una universidad "que se constituya como un foco de investigación que posicione al territorio de la Patagonia Aysén como referente en temas de biodiversidad, de cambio climático".
Por su parte, el presidente del Consejo Regional (Core) en Aysén, Miguel Ángel Calisto, explica que los recursos no son suficientes. "Una construcción de 10 mil metros cuadrados cuesta unos $ 5 mil millones y es una estructura chica que no está a la altura de un proyecto universitario", destacó.
