Una sesión especial está preparando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado para invitar a la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta. El objetivo de los parlamentarios es aclarar cómo se está trabajando al interior del servicio para reinsertar y rehabilitar a los menores infractores de ley, que actualmente están en el sistema de Justicia Juvenil del organismo.

Esto, a raíz del último informe presupuestario que el Sename envió a la instancia, a través del Ministerio de Justicia, donde informó sobre el gasto promedio mensual destinado a cada niño. En total, en los centros con menores infractores de ley, el organismo invirtió $ 23.102.214.977 en seis meses (ver infografía) para un total de 13.055 niños. Al sacar cuánto se destinó por cada mes a los jóvenes se traduce en $ 294.934 en promedio por cada menor.

Sin embargo, el presupuesto no se divide en partes iguales por cada uno de los 29 centros de Justicia Juvenil del Sename, lo que evidencia que hay algunos recintos de internación provisoria (para cumplir una medida cautelar) y de régimen cerrado que recibieron casi $ 170 mil mensuales por niño, como es el caso de Iquique donde hay 793 menores. En cambio, en Punta Arenas son 34 internos, quienes recibieron un promedio de $ 2.474.662 cada uno.

No obstante, en el documento se advierte que el costo mensual no solo está relacionado con la cantidad de menores atendidos. Por ejemplo, en el caso del centro de internación provisoria y régimen cerrado de Antofagasta se entregaron $ 911.882.701 para la total ejecución del presupuesto del primer semestre, para 866 atenciones. Esto dio un promedio de $ 175.497 como costo mensual por menor atendido. Sin embargo, en el recinto de internación provisoria y régimen cerrado de Coronel, en la VIII Región, se ejecutaron $ 1.696.880.303 para la atención de 477 menores. Es decir, se destinó más dinero para un centro donde se hizo casi la mitad de las atenciones que se realizaron en Antofagasta.

Según se señala en la introducción del informe de la glosa presupuestaria, los gastos "reflejan el total de ejecuciones en los meses de enero a junio de 2017, que consideran gastos del subtítulo 21, correspondiente a sueldos, viáticos y honorarios; subtítulo 22, correspondiente a compras de bienes y servicios específicamente en alimentación, mantenciones y consumos básicos, entre otros, y adquisiciones de activos no financieros correspondientes al subtítulo 29, que consideran gastos en maquinarias y equipos, mobiliarios y otros, también equipos y programas informáticos".

Explicaciones

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe (PPD), señaló que "esto evidencia una falta de proporcionalidad en la inversión para rehabilitar a un infractor de ley, no se le puede exigir a un funcionario que rehabilite a una persona con $ 198 mil. Es fundamental que haya mayor equilibrio entre las regiones".

En el centro donde hubo el promedio más bajo de inversión por niño fue en el establecimiento semicerrado La Cisterna, con un costo de $ 98.437 por atención mensual. Desde el Sename explicaron que "no corresponde comparar centros que funcionan con modalidades distintas y que tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, en justicia juvenil, los centros semicerrados son aquellos donde los adolescentes cumplen con una sanción que implica pernoctar en dichos recintos todas las noches, y durante el día asisten al colegio y/o a talleres apropiados para cumplir su sanción. En cambio, un centro de internación provisoria o de régimen cerrado cuenta con perímetro resguardado por Gendarmería y los jóvenes están privados de libertad, lo que implica que consumen todos sus alimentos del día, tienen colegios y talleres de capacitación que funcionan al interior". Sobre las diferencias en los gastos por niño, explicaron que "independientemente de la cantidad de niños o adolescentes atendidos en los centros, hay costos fijos que deben cubrirse, tales como el pago de los funcionarios que trabajan en ellos, mantenciones de los edificios, etc. Por eso, hay casos de centros donde se atienden menos niños o adolescentes y el promedio de costo mensual es mayor".

El informe también considera el gasto en los centros destinados a la Protección de Derechos, en recintos de administración directa del Sename. En los 11 recintos del servicio considerados en el documento hubo un costo mensual por niño de $ 231.912.

El Sename explicó que "los centros de protección atienden a niños y niñas por tramos de edad, y que debido a ello tienen necesidades diferentes por su alimentación y los cuidados específicos que requieren".

En tanto, para el gerente de Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, "es necesario definir de manera precisa si la diferencia de esas asignaciones está referida a un modelo de prestaciones diferenciadas, por ejemplo, si involucra una intervención terapéutica u otra que signifique duplicar el gasto por niño. En caso contrario es una discrecionalidad que no tiene fundamento".