El vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, junto al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, anunció esta mañana el proyecto de ley con que el gobierno busca enfrentar la crisis carcelaria, a raíz del 60% de sobrepoblación penal existente. La iniciativa, de acuerdo a las estimaciones de la autoridad, beneficiaría a unos nueve mil reclusos.

La presentación del proyecto, que será despachado el jueves al Congreso, comenzó con una breve intervención de Hinzpeter, en donde se encargó de reforzar el mensaje antidelincuencia del gobierno, y criticó duramente la situación carcelaria actual. Dijo, además, que estas medidas apuntan a descongestionar los recintos penales.

Tras sus palabras, fue el ministro Felipe Bulnes el encargado de entregar el detalle de las medidas, las cuales básicamente postulan dejar sin reclusión a un sinnúmero de casos que hasta ahora si lo contemplaban.

Las medidas anunciadas por Bulnes se centran en cuatro puntos. El primero de ellos, postula modificar la legislación penal para conseguir que no vayan a la cárcel aquellas personas que no pagan multas en dinero, las que anualmente son unas 2.500 aproximadamente. "Cada año ingresan a nuestros penales cerca de 2 mil 500 personas porque no han pagado una multa en dinero. Son personas que pasan pocos días en prisión. La modificación que proponemos en este sentido es que estas personas en vez de ir a la cárcel, presten servicios comunitarios".

La segunda medida es regular las penas inferiores a un año, de manera tal que de acuerdo al criterio del juez, las personas condenadas puedan cumplir su castigo en servicios comunitarios.

La tercera medida anunciada por Bulnes busca "establecer criterios objetivos para el otorgamiento de la libertad condicional". De acuerdo a lo dicho por el secretario de Estado, la decisión de entregar este beneficio, que hoy recae en los seremis de justicia, ahora pasará a depender de una comisión de libertad condicional, la cual estará compuesta por 10 jueces integrantes. Se revisarán "criterios técnicos y objetivos, de manera que los condenados entiendan y confíen que si se rehabilitan y dejan el camino del delito podrán acceder a este régimen de cumplimiento excepcional de condena".

La cuarta y última medida anunciada por el gobierno para disminuir la congestión en las cárceles tiene relación con el indulto conmutativo, es decir que las personas cumplan su castigo de una manera distinta al presidio. Esto, de acuerdo a lo dicho por el ministro, no extingue la pena, sino que la modifica.

A este beneficio pueden acceder tres grupos: Los que cumplen su condena con el sistema de "salida libre"; quienes están condenados sólo a reclusión nocturna y las mujeres que hayan cometido delitos menores, que tengan cumplida al menos dos tercios de su condena y que hayan mostrado una excelente conducta en los dos semestres anteriores a la ley. De hecho, habrá una excepción para las mujeres con hijos menores a dos años.

El ministro de Justicia precisó que aún está pendiente el consenso para que los enfermos terminales y mayores de 80 que hayan cumplido parte de sus penas puedan seguir la prisión en sus domicilios.

Bulnes aseguró que las dos primeras medidas permitirán que unas 5 mil personas no lleguen a las cárceles, lo que contribuirá de gran forma a descongestionar el sistema carcelario y, en especial, destinar esos recintos para los reclusos de peligrosidad.

EXCLUSION DE MEDIDA PARA ANCIANOS Y ENFERMOS TERMINALES
El anuncio del gobierno contó con una exclusión: finalmente se decidió sacar del paquete de medidas la que iba dirigida a beneficiar a los ancianos mayores de 80 años y a los enfermos terminales. Si bien este era uno de los beneficios que presentó originalmente el gobierno a los partidos políticos, este no logró el consenso de todos los sectores.

Lo anterior, debido a que esta medida podría incluir a personas condenadas por delitos de violaciones a los derechos humanos entre los beneficiarios. Esto abría un flanco de críticas contra el gobierno. Y de hecho, ayer, ya varios parlamentarios de oposición advirtieron que, de incluir este beneficio en el paquete medidas, no apoyarían el proyecto.

Esto podría haber trabado la tramitación en el Congreso del proyecto del Ejecutivo, lo que habría complicado el escenario para La Moneda, más aún tomando en cuenta que el gobierno ha optado por presentar las medidas para solucionar la crisis carcelarias como una política de Estado, consultando a representantes de los partidos de oposición.

ENFASIS EN COMBATE A LA DELINCUENCIA
Otro punto que fue ampliamente recalcado en el mensaje entregado por el gobierno fue el énfasis en el combate a la delincuencia. Tanto Hinzpeter como Bulnes se encargaron de reforzar este punto entre los anuncios, afirmando que el fenómeno de la delincuencia es en parte producto de la situación carcelaria actual, ya que los recintos penales -en sus condiciones actuales- se convierten en una "fábrica de delincuentes".

Además, se reforzó el mensaje de que las cárceles serán utilizadas para recluir a los delincuentes violentos, y que permanecerán allí todo el tiempo que sea necesario.

"Las cárceles las vamos a usar para encerrar a los delincuentes violentos que atacan a nuestros compatriotas", dijo Hinzpeter, recalcando que ninguna de estas medidas pondrá en riesgo la seguridad de la población.

El gobierno busca evitar así críticas a la decisión de beneficiar condenados, tomando en consideración que uno de los ejes principales de la campaña presidencial de Piñera fue la promesa de poner un mayor énfasis al combate contra la delincuencia y poner "mano dura" en esta materia.