El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, anunció este viernes que el gobierno ingresará la próxima semana al Congreso el proyecto de ley pro inversión.
"Esta mañana el Presidente firmó el proyecto de ley que ha estado trabajando el gobierno desde hace bastante tiempo", dijo Larroulet, agregando que "este es el producto de un trabajo que se hizo con el sector privado, posteriormente se trabajó con técnicos de senadores de la Nueva Mayoría".
Puntualizó que "hecha la revisión final por parte del Ejecutivo vamos a enviar la próxima semana a la Cámara de Diputados con urgencia simple este proyecto de ley de pro inversión".
La agenda pro inversión surgió luego de la cumbre empresarial que el Ministerio de Economía realizó en septiembre de 2012 para abordar el tema, esto tras el dictamen de la Corte Suprema que paralizó proyecto termoeléctrico central Castilla.
Larroulet explicó que el proyecto elimina trabas que hoy existen para el proceso de inversión: "Este proyecto es claramente necesario a la luz de los antecedentes que muestran que hoy existe un alto número de proyectos de inversión en carpeta".
En ese sentido, precisó que de acuerdo a datos del Catastro de la Corporación de Bienes de Capital a septiembre del 2012, para el quinquenio 2012 – 2016 hay casi 700 proyectos en carpeta que comprenden una inversión equivalente a US$ 122 mil millones. De ellos, los proyectos mineros y energéticos son los más relevantes en términos de recursos involucrados.
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La iniciativa patrocinada por el Ejecutivo busca simplificar procedimientos, disminuir plazos de tramitación, requisitos innecesarios y duplicidad de trámites, lo que permitirá ahorrar tiempo y costos. También busca eliminar incertezas jurídicas para evitar interpretaciones ambiguas y espacios de discrecionalidad infundados, para así delimitar los ámbitos de competencia de los distintos servicios públicos involucrados.
En este sentido se detectó que son necesarias modificaciones específicas puntuales en el Código de Aguas, en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en materia de concesiones marítimas, que son precisamente las que plantea el proyecto. También busca que los órganos que informen sólo lo hagan sobre materias de su competencia.
En cuanto a modificaciones al Código de Aguas, algunos de estos se refieren, por ejemplo, a que la Dirección General de Aguas (DGA) disponga de un sistema informático mediante el cual pueda recibir y tramitar digitalmente las presentaciones que reciba relacionadas con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, para así agilizar la tramitación de estos procedimientos y permitir la recepción de solicitudes vía internet y no sólo físicamente en la oficina de la gobernación o de la DGA, como obliga la ley actualmente.
En otro tema, referido al trámite de recepción de obras hidráulicas que efectúa la DGA para grandes proyectos, el que demora como promedio 2.8 años, se propone la externalización de este trámite con revisoras independientes, que deben estar inscritas en un registro que debe llevar la DGA.
Sobre ese punto, el proyecto establece que la DGA tiene que dictar un reglamento en que se señalen las características que deben cumplir esos revisores. La misma DGA deberá verificar que los revisores cumplan con los requisitos exigidos para entrar en el registro. No se trata de una licitación propiamente tal.
También se proponen diversas modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Uno de éstas busca evitar que los servicios informantes emitan pronunciamientos que excedan su competencia. Además, para agilizar el inicio del trámite de evaluación ambiental, se modifica el artículo 14 ter, para que el procedimiento se inicie con un examen de admisibilidad y no con una "verificación rigurosa" del tipo de proyecto.
El texto legal norma para que se haga efectiva la ventanilla única respecto de los permisos sectoriales íntegramente ambientales, de modo que la RCA los sustituya en caso de proyectos que se sometan al SEIA, reduciendo burocracia y los plazos de tramitación.
Asimismo, hay modificaciones en materias de concesiones marítimas. En este sentido se incorpora un artículo para permitir que sobre dichas concesiones se constituya prenda. Así podrán ser otorgadas como garantía para obtener financiamiento externo para la ejecución de obras en proyectos productivos, tal como ocurre en las concesiones de obras públicas, portuarias, bienes fiscales, sanitarias y acuícolas, respetando las disposiciones especiales que establece la ley para las concesiones marítimas.
