El gobierno envió hoy al Congreso –a través de la Cámara de Diputados– el proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad en materia de fomento y promoción de la inversión extranjera directa en Chile, conformada por un Comité de Ministros que asesorará al Presidente de la República en la formulación de políticas y por una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, acorde a los estándares de la OCDE, que las implementará.
De esta forma, la iniciativa da cumplimiento al compromiso adquirido a través del artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley de Reforma Tributaria (N° 20.780), de ingresar a trámite legislativo esta institucionalidad a más tardar el 31 de enero de 2015. El proyecto recogió las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial de carácter transversal, que entregó su informe el 13 de enero, y debe promulgarse este año para reemplazar al Decreto Ley N°600 a partir del 1 de enero de 2016.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, destacó que "esta modernización de la institucionalidad encargada de la promoción de la inversión extranjera se adecúa a la consolidación democrática y política de Chile". Agregó que hoy las empresas foráneas que quieren instalarse en el país "no requieren de un marco especial de garantías como las estipuladas en el DL N°600, concebido en un momento muy complejo de nuestra historia. Hoy Chile es reconocido a nivel mundial como un país confiable, que se apega a las leyes y donde las instituciones funcionan, por lo que los incentivos que los inversionistas requieren son otros".
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, precisó que el nuevo marco institucional que se propone da cumplimiento a la medida N°46 de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. "Permitirá focalizar esfuerzos en atraer inversión extranjera hacia áreas o sectores estratégicos para nuestro desarrollo y diversificación productiva, en especial aquellos sectores donde tenemos claras ventajas competitivas, mayor necesidad de incorporar conocimiento y tecnología o posibilidad de generar nuevas industrias", afirmó.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversión Extranjera, Jorge Pizarro, valoró la iniciativa y aseguró que "por primera vez en su historia, Chile contará con una política y estrategia nacional proactiva para fomentar y promover la inversión extranjera, que se integrará a los programas y lineamientos de desarrollo productivo del gobierno como un elemento relevante, y que será implementada por una agencia estatal única. Estamos hablando de un cambio profundo, que pone de relevancia el rol crucial que la inversión extranjera directa puede tener en nuestro desarrollo futuro, y hace más eficientes y efectivos los esfuerzos por atraer más y mejor inversión al país".
EL PROYECTO
La nueva agencia se enfocará en la promoción de inversión extranjera hacia sectores estratégicos o que requieren atraer este tipo de inversiones. Contará con las facultades que le permitan ser la entidad coordinadora de los esfuerzos por atraer inversión a Chile. Entre ellas destaca el establecimiento de una estrategia de fomento y promoción de inversión extranjera, el vincular la atracción de inversiones con la estrategia de desarrollo productivo del país y la posibilidad de crear un Consejo Asesor Consultivo, al que se incorporan representantes del sector privado que aporten con su experiencia al mejor desarrollo de su función.
El proyecto de ley reconoce a los inversionistas extranjeros la garantía de acceso al mercado cambiario formal y a la remesa de capital y utilidades, con pleno resguardo de las facultades que le competen al Banco Central de Chile en esta materia. También les garantiza la no discriminación arbitraria.
En otros aspectos, se moderniza y actualiza el procedimiento para acceder a la exención del impuesto a las ventas y servicios en la importación de bienes de capital que efectúen los inversionistas extranjeros, por sus proyectos acogidos al Decreto Ley N° 600. Esta modificación apunta a promover el desarrollo de grandes proyectos de inversión en Chile, los que por sus características toman largo tiempo, evitándoles incurrir en altos costos financieros en las etapas previas e iniciales.
Para permitir la adaptación de los actores al cambio del régimen aplicable a la inversión extranjera, y en el marco de las propuestas efectuadas por la Comisión Asesora, se establece que, por un plazo máximo de cuatro años, los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones de inversión extranjera en los términos del artículo 3° del Decreto Ley N° 600, con los derechos y obligaciones que contempla el precitado decreto ley, pero con invariabilidad tributaria por una tasa total de 44,45%.
