Gobierno español respeta decisión judicial y juristas internacionales critican condena de Garzón

El gobierno español de Mariano Rajoy expresó hoy su "absoluto respeto" por las decisiones judiciales tras conocerse la condena a 11 años de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón, sobre la que, añadió, "no hará ningún tipo de valoración política".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que "la única valoración" que hace el Ejecutivo español es el normal funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento del Estado de derecho.

"No hay por tanto ningún tipo de valoración política, hay una valoración única y exclusivamente de respeto absoluto a las decisiones del poder judicial", añadió el ministro, tras asistir a la toma de posesión de siete nuevos consejeros de Estado, entre ellos el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, el gubernamental Partido Popular respeta la decisión del Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dijeron a Efe fuentes de la formación.

JURISTAS DEPLORAN
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) calificó hoy de "deplorable" la decisión del Tribunal Supremo de España de declarar culpable de prevaricación al juez Garzón.

"La condena del juez Garzón en este caso es la conclusión deplorable de un proceso penal que nunca debería haberse iniciado", manifestó en un comunicado Pedro Nikken, presidente de la CIJ.

"Garzón ha sido expulsado de la carrera judicial por interpretar la ley y tomar una decisión. Al margen de que se esté de acuerdo o no con la interpretación y la decisión, el trabajo de ser juez consiste precisamente en eso", afirmó el presidente de la Comisión. "Aplicar una sanción penal contra un juez que está haciendo su trabajo es un clara negación de la independencia judicial", subrayó.

Con sede en Suiza, la CIJ es un organismo creado en 1952 y formado por 60 juristas de todo el mundo con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos y el imperio de la ley, y de impulsar y reforzar los sistemas judiciales en todo el mundo.

Nikken destacó que "el hecho de que el fiscal pidiera desestimar el caso y de que numerosos jueces compartieran la interpretación de la ley que hizo Garzón demuestra por si mismo que la decisión tomada originalmente por Garzón no podía ser considerada arbitraria".

"El contexto de esta condena es muy preocupante. Se han abierto tres procesos contra un juez que levantó el velo de la amnistía que protege los presuntos crímenes contra la humanidad que todavía tienen que ser investigados. Uno se pregunta en qué medida esta sentencia es solo una manera de silenciar a Garzón", dijo Nikken.