Gobierno estudia que AFP asuman hasta el 15% de las comisiones de intermediación

El gobierno se encuentra analizando una fórmula para responder a la demanda por modificaciones a las comisiones por intermediación que pagan las AFP por la gestión de fondos en Chile y el exterior, las que se hicieron conocidas el año pasado luego que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, las denominara "comisiones ocultas".

La fórmula en estudio contemplaría que las AFP se hagan cargo de un porcentaje de este costo, que variaría entre 10% y 15%, ya que hasta ahora las administradoras cubren este costo con cargo a los activos de los fondos de pensiones. Es decir, hasta ahora su pago no corre por cuenta de las AFP ni forma parte del cobro mensual que hacen a cada afiliado desde el sueldo, sino que se saca de los ahorros totales en los fondos. Con ello, se cubren los gastos de administración de las inversiones, costos de distribución, gastos de custodia y gastos por inversión en cuotas de otros fondos.

Así, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones, el año pasado las AFP pagaron por este concepto unos US$ 380,4 millones, los que equivalen a 0,22% del total de ahorros de los chilenos en los fondos previsionales. Según estimaciones del regulador, en el último trimestre de ese año, en promedio, se pagaron $ 192 mensual por comisiones de administración por inversiones en fondos mutuos, de inversión e índices financieros, por cada $ 1 millón de saldo en la cuenta de capitalización individual de los afiliados. Esto, de acuerdo con información revelada por un reciente informe del regulador.

La propuesta -que sería parte de la reforma de pensiones que elaboran conjuntamente los Ministerios de Hacienda y Trabajo y la Superintendencia de Pensiones-, busca lograr el consenso parlamentario en uno de los temas que se prevé, genere una álgida discusión una vez ingresado el proyecto de ley al Congreso. Ello, porque su modificación fue parte de las propuestas contenidas en el discurso de llamado al diálogo por pensiones de agosto de 2016, en que la Presidenta Bachelet dijo "modificaremos las diversas formas de comisiones ocultas o las comisiones de intermediación, que quitan recursos a las cuentas de los afiliados sin justificación real".

Lo anterior abrió un duro debate público, especulándose incluso su eliminación, al evidenciarse el desconocimiento a nivel de los afiliados respecto de estos cobros. Esto, pese a que las AFP los informaban trimestralmente hace 14 años, siendo de público acceso a través de la página web de la superintendencia.

Finalmente, aunque la propuesta de ajuste no formó parte del anuncio de proyecto de ley de abril pasado, fuentes vinculadas al proceso afirman que Hacienda sigue interesado en buscar una solución intermedia en esta materia, sobre todo porque el costo de intermediación se tomó varias de las discusiones en los comités políticos previos a la formalización del envío de una reforma.

El costo pagado a los fondos a través de los cuales las AFP hacen inversiones en Chile y el exterior fue también parte importante de los análisis entregados por la industria de AFP a la Superintendencia de Pensiones durante el proceso de diálogo abierto. Ello, porque si las AFP tuvieran que cubrirlo, significaría, por ejemplo, el 72% del total de sus utilidades al cierre de 2016, cuando las ganancias de las AFP estuvieron en los US$ 529 millones. Si se mide respecto del patrimonio de la industria, que a diciembre del año pasado totalizo unos US$ 4.234 millones, el total de pagos por comisiones de todo 2016, representó el 8,9%.

Parlamentarios coinciden en que abordar este tema requiere un análisis técnico, más allá de las pasiones políticas. "Lo mejor es buscar puntos intermedios", señala el diputado DC Pablo Lorenzini. Para el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), es importante ver bien cómo operan las cobranzas. "Para mi el punto de partida es una industria que opere en un mejor marco regulatorio", comentó.

En tanto, el diputado UDI, Ernesto Silva, dice que lo importante es saber "si hay o no un servicio y si lo hay, ese cobro debe ser justo y transparente". Lo más lógico -dice-, es mejorar la transparencia en este tema y no eliminar los cobros. El Ministerio de Hacienda declinó emitir comentarios.