Un oficio enviado desde el Ministerio de Justicia hacia el Ejército de Chile podría definir el futuro del penal Cordillera, que funcionó hasta el domingo recién pasado como centro penitenciario.
El documento oficial contiene una petición del Ejecutivo para mantener las dependencias del recinto, con el objetivo de remodelarlo y convertirlo en un centro de detención femenina.
Según fuentes de gobierno, si bien esta última alternativa es la que más posibilidades tiene de concretarse, no se descarta que el penal sea reutilizado como centro de rehabilitación de drogas, un centro para menores en riesgo o un recinto carcelario de otra índole.
Ayer, a tres días del traslado hasta Punta Peuco de los nueve ex militares condenados por violación a los derechos humanos que habitaban en el penal, el Diario Oficial formalizó su cierre con la publicación de la derogación del Decreto Supremo Nº 956 del año 2004.
Dicho decreto, firmado por el entonces Presidente Ricardo Lagos, autorizó la construcción del centro carcelario sobre terrenos que ese mismo año fueron entregados por el Ejército en comodato a Gendarmería.
Según explicó ayer una alta fuente del Ministerio de Justicia, la idea del gobierno es que dicho contrato se mantenga en manos de la institución para dar paso a un plan de redestinación de sus dependencias.
La petición habría sido tramitada ayer por la tarde, sin embargo, Justicia no otorgará información oficial mientras el Ejército no resuelva la solicitud para mantener la propiedad en comodato de los terrenos.
Según fuentes de Palacio, en el gobierno pretenden avanzar con prontitud en la reutilización del recinto, para cerrar definitivamente el polémico capítulo que se abrió con la decisión del Presidente Sebastián Piñera de clausurar el centro penitenciario.
Otro interesado en los terrenos es la Municipalidad de Peñalolén. La alcaldesa Carolina Leitao elevó una solicitud mediante oficio al Ministerio de Defensa para que el predio ubicado en esa comuna sea cedido a la municipalidad. "Esperamos un gesto del Ejército a la comunidad de Peñalolén, tenemos muchos proyectos ciudadanos que aún no podemos concretar debido a la falta de terreno", explicó la edil.
Según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el penal se encuentra en una zona en la que se permite construir cualquier tipo de instalación.
Un informe elaborado por la fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado asegura que el lugar cuenta con "cinco cabañas que tienen servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación". Eso, además de instalaciones deportivas y áreas verdes, y donde no había celdas de castigo construidas.
