Una de las decisiones adoptadas por la Presidenta Michelle Bachelet en el consejo de gabinete realizado el sábado fue establecer las prioridades legislativas para los próximos meses.

Sin embargo, recién ayer el gobierno comunicó a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría los detalles de esa determinación.

La principal novedad es que la Mandataria fijó el próximo 21 de mayo como fecha límite para aprobar en el Congreso el proyecto que perfecciona el sistema de financiamiento de la política.

Así se lee en una minuta entregada ayer a los timoneles oficialistas en la reunión de coordinación con los ministros del comité político. Y fue anunciado minutos más tarde por el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde. "La Presidenta ha resuelto priorizar para su aprobación legislativa antes del 21 de mayo 15 proyectos de ley que impactan positivamente en la vida de los chilenos", dijo el secretario de Estado. En el punto número 4 del texto entregado en el comité político figura el "fortalecimiento y transparencia de la democracia".

Entre otras cosas, la iniciativa de La Moneda propone eliminar los aportes de empresas para las campañas y suprimir la figura de donaciones reservadas. Como manera de compensar aquello, el proyecto establece, además del sistema de reembolso que existe actualmente, un financiamiento estatal permanente para los partidos.

La iniciativa, sin embargo, cumplirá recién hoy su primer paso, cuando se vote en general en la Comisión de Constitución de la Cámara,

En este contexto, en el oficialismo llamó la atención el anuncio del Ejecutivo. Y si bien apoyan acelerar las medidas pro transparencia y probidad, dicen que resulta casi imposible despachar ese proyecto antes del 21 de mayo, sobre todo considerando las indicaciones que algunos parlamentarios pretenden incluir.

Una de ellas apunta a provocar la destitución automática del legislador que reciba financiamiento irregular, como han promovido, entre otros, los senadores Alejandro Navarro e Isabel Allende, además del diputado y timonel del PS, Osvaldo Andrade.

El proyecto del gobierno establece multas en caso de financiamiento irregular y sólo incluye esa eventual destitución de forma indirecta. Esto, al establecer penas de presidio en su grado mínimo a medio, por lo que, eventualmente, se podría provocar la pérdida del cargo. El problema es que el gobierno propone esa sanción sólo para quienes reciban financiamiento irregular por sobre UF 4.100 (más de $ 100 millones), lo que lo hace prácticamente inaplicable.

Otras prioridades

Además del proyecto de financiamiento de la política, el gobierno también apuesta por aprobar, antes del 21 de mayo, la creación de dos universidades estatales y 15 centros de formación técnica; beneficios para el retiro profesores; el fortalecimiento del seguro de cesantía; el perfeccionamiento del Servicio de Impuestos Internos; el fortalecimiento del Ministerio Público; la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad; la denominada Ley Ricarte Soto (fondo de medicamentos); y las nuevas atribuciones para el Sernac, entre otras.