"Va a ser como el gran guardián, una especie de Sernac del mundo de la educación superior". Con esas palabras anunció ayer el ministro de Educación, Felipe Bulnes, el envió al Congreso del proyecto que crea la superintendencia de educación superior.
La iniciativa aborda uno de los puntos centrales del debate en educación de los últimos seis meses: sanciona la obtención de lucro y fija, además, nuevas normas de funcionamiento para estas instituciones.
Esto, pues una de las principales denuncias del movimiento estudiantil ha apuntado a que varias instituciones privadas están relacionadas con empresas inmobiliarias, a través de las cuales obtienen utilidades. Pese a que la ley prohíbe desde hace más de 30 años el lucro, no existía un organismo fiscalizador.
Ante esto, en el gobierno sostienen que la nueva norma entrega un plazo de sólo seis meses -a partir de su entrada en vigencia- para que las universidades cambien cualquier aspecto de su orgánica o situaciones contractuales que queden al margen de la normativa.
Entre las modificaciones, la norma anunciada ayer obliga a todas las universidades a incluir a tres "directores independientes" en su directorio, vale decir, que no posean ningún vínculo patrimonial, contractual o familiar con la institución.
Este mecanismo ya rige para las universidades estatales. Así, deberán plegarse a esta disposición las universidades privadas, como algunas del Consejo de Rectores.
Directamente sobre el tema de la obtención del lucro, el proyecto fija tres tipos de sanciones. Una de ellas, cancelar las acreditaciones académicas de las universidades, sistema que, además, el gobierno espera reformar completamente.
Además, la iniciativa legal presentada ayer incluye el pago de multas -de hasta mil UTM- y la "inhabilitación temporal" para quienes incurran en la persecución de lucro. Estos últimos no podrán ocupar cargos en establecimientos educacionales ni abrir una nueva empresa en el sector.
También, dijo Bulnes, el proyecto -que debería ingresar en los próximos días al Congreso- establece "pena de cárcel" para la "publicidad engañosa". Y obligará a las universidades a entregar información patrimonial, estados financieros, tasas de deserción, condiciones de admisión y cobros a estudiantes. Además, dijo Bulnes, de informar sobre las "posibilidades de empleo una vez que se egresa de la carrera y cuál es la remuneración esperada por institución y por carrera".
De acuerdo al proyecto, las instituciones que registren infracciones reiteradas en un plazo de 24 meses incluso corren el riesgo de cerrar, pues se les revocaría el reconocimiento oficial de universidades.
El anuncio del proyecto se produce en momentos en que el gobierno busca generar un acuerdo con la Concertación para sacar adelante el Presupuesto 2012. Ante esto, la oposición prepara una propuesta propia que incluye una gran reforma en educación.
En este contexto, desde la oposición hubo señales cruzadas ante el anuncio de la nueva norma. Si bien se valoró el avance de regular el lucro, algunos parlamentarios dijeron que el debate principal apuntaba al Presupuesto. El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, dijo que la superintendencia "no estaba en el pendrive del gobierno, es el primer logro de los estudiantes".
Consejo de gabinete
Antes de viajar a Hawai a la cumbre del Apec, el Presidente Sebastián Piñera encabezó ayer un consejo de gabinete para analizar la discusión presupuestaria. A su regreso a Chile, tiene previsto volver a reunirse con algunos ministros. En Hawai, en tanto, la primera actividad de Piñera será visitar hoy Pearl Harbor.
