El lunes en la noche, diputados y senadores de la Nueva Mayoría llegaron hasta el Palacio de La Moneda, para participar de una cena organizada por la Presidenta Michelle Bachelet con el fin de entregarles los principales lineamientos que guiarán su gestión durante el segundo semestre de este año.

En este marco, la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, hizo entrega a los presentes de una minuta de 15 páginas, que contiene cuatro capítulos con definiciones técnicas respecto del proyecto de ley de reforma educacional, que busca poner fin al copago, la selección y el lucro con fondos públicos y que inició su discusión legislativa ayer en la Cámara de Diputados.

La intención del Ejecutivo, aseguran fuentes oficialistas, es alinear lo más posible a la Nueva Mayoría tras esta iniciativa. Esto, ya que al igual que lo realizado por los ministros durante el fin de semana pasado, en el denominado "gobierno en terreno", La Moneda espera que una vez avanzada la tramitación de la ley, sean los parlamentarios quienes también salgan a la calle a informar y defender esta reforma educacional.

Esto, emulando lo realizando durante mayo con la reforma tributaria.

Uno de los puntos abordados en el texto apunta a explicar la forma en que los actuales sostenedores de colegios deberán realizar la transferencia al Estado de su propiedad.

Así, el documento asegura que el proyecto de ley "promueve que quienes hicieron inversiones para cumplir con el servicio educativo (...) puedan recuperar parte de dichas inversiones. Junto con esto, se precisa que el Estado "adquirirá sólo la infraestructura esencial y el terreno útil".

En esta misma línea, la minuta agrega que de aprobarse la reforma, este pago se realizará con una cuota anual, por un plazo de 12 años.

Actualmente, este punto del proyecto de ley es el que mayor reparos genera en las bancadas de partidos de la Nueva Mayoría. Esto, principalmente por los altos costos que le significará al Estado la compra de estos recintos educacionales, dineros que, a juicio de sectores oficialistas, podría ser utilizado, por ejemplo, en el fortalecimiento de la educación pública.

Respecto del fin a la selección, el documento distribuido por la Segpres asegura que, actualmente, el 80% de las escuelas y liceos que reciben aportes del Estado exige algún tipo de requisito de ingreso a padres y apoderados.

Con el nuevo sistema, asegura el texto, "no es posible discriminar", precisando, por ejemplo, que con la nueva regulación cualquier colegio reconocido por el Estado (incluyendo particulares pagados) tendrá la prohibición de que el cambio en el estado civil de los padres signifique "un impedimento para que los estudiantes puedan continuar en el establecimiento"