El gobierno decidió aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los miembros de la Coordinadora Arauco Mapuche (CAM).

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, durante su visita a Temuco, donde participó de la inauguración de un cuartel de la PDI.

"Vamos a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por el caso Bitumix, que es el atentado ocurrido en el radio urbano de la ciudad días atrás, y también decidimos aplicar esta ley contra la CAM", sostuvo Aleuy tras una reunión con los fiscales de la región.

La decisión de la autoridad de querellarse contra el grupo subversivo se debe a los dichos que miembros de la CAM hicieron en un reportaje emitido por Informe Especial el año pasado y por Héctor Llaitul, autodenominado vocero de la organización, en una entrevista a La Tercera. En dicha oportunidad sostuvo que "nuestro accionar político-militar tiene como blanco exclusivo la industria forestal y las hidroeléctricas".

Es segunda vez que el Gobierno presenta una acción contra miembros de la CAM: La primera fue en 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos, acción recordada bajo el título de "Operación Paciencia", donde se detuvo a la cúpula de la organización, quienes finalmente terminaron sobreseídos.

Posteriormente, tras la emisión del reportaje de Informe Especial, la actual administración presentó una querella por el delito de organización de milicia privada, que si bien no fue caratulada contra la CAM, sí apuntaba a sus integrantes.

Hoy el objetivo que se persigue con esta nueva acción penal es que quienes digan ser miembros de la CAM públicamente y se refieran a sus actos, como es el caso de Llaitul, declaren ante las autoridades.

Tras el anuncio realizado por la Aleuy, las reacciones a nivel local no se hicieron esperar. "No puede ser que se hayan demorado tanto. Pero esperamos que ahora tomen todas las medidas para que esto se termine", sostuvo la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper.

Opinión similar emitió José Villagrán, presidente de los Camioneros de Sur: "mientras no veamos que sea efectivo, al subsecretario (Aleuy) los camioneros ya le creemos muy poco", indicó.

El abogado Miguel Soto Piñeiro, explicó que existen varias diferencias entre la Ley Antiterrorista y la de Seguridad Interior del Estado. Una persigue a quienes atenten contra el orden público (Ley de Seguridad Interior), mientras que la otra a quienes intentan influir temor en la gente (Ley Antiterrorista)

"Los delitos contemplados en una y otra no necesariamente coinciden. Además, las facultades procesales se contemplan sólo en la Ley Antiterrorista. Y, en general, las penas son más altas en la ley que define conductas terroristas", indicó.

Aleuy también anunció que desde el lunes comenzará a funcionar un fondo de reparación para las víctimas de la violencia rural, por un monto de $ 3.000 millones.

El ministro (s) de Interior visitó, además, al carabinero lesionado el jueves en Tirúa, Quintiliano Silva y se reunió con miembros de la mesa de diálogo de La Araucanía. La próxima semana se sostendrá una tercera reunión con parlamentarios de la zona y tras eso la Presidenta anunciará los pasos a seguir a partir de lo propuesto por la comisión.

El jefe de la IX Zona, general Christian Franzani, actualizó el estado de salud de los dos efectivos policiales heridos en Tirúa.

Respecto de Quintiliano Silva, quien debió ser trasladado a Temuco por la gravedad de sus heridas, indicó que "está estable dentro de su gravedad. Está con una herida de tórax, una herida a bala. En estos momentos se sigue evaluando".

En el caso de Fabián Velásquez, Franzani explicó que también había evolucionado de buena forma.