Tras siete años en el Congreso, y luego de reunir el apoyo transversal de las bancadas parlamentarias para asegurar el quórum necesario, el gobierno se jugará sus últimas cartas para destrabar la tramitación del proyecto de ley que facilita el levantamiento del secreto bancario -que protege datos sobre captaciones y ahorros- para investigaciones de lavado de activos que lleven adelante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público.

La urgencia se debe a que el 21 de octubre llegará al país una misión de la Ocde que revisará el cumplimiento del Estado chileno de su compromiso de readecuar la norma local a los estándares internacionales, en materia de prevención y combate a los delitos financieros derivados del crimen organizado. Todo ello, en el marco de la Convención contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros. En la subsecretaría de Hacienda aseguran que "se revisarán las recomendaciones respecto de medidas antilavado de activos, algunas de las cuales se abordan en el proyecto de ley. Por tanto, tenerlo aprobado permite cumplir con los estándares de la Ocde contra el blanqueo de fondos".

CRONOGRAMA

Tras un acuerdo con los comités parlamentarios, el proyecto está de segundo tema en tabla para la sesión del Senado de este martes 1 de octubre. El plan es que en dos semanas sea aprobado, para luego volver a la Cámara de Diputados y ser zanjado antes del receso de noviembre por las elecciones presidenciales.

El equipo detrás de la iniciativa -que también suma a las carteras de Interior y Segpres- sostiene que, de no prosperar, el texto se repondrá con suma urgencia en la Cámara Baja para buscar su aprobación en enero, previo al receso de verano.

"Confiamos en que los acuerdos con las bancadas se cumplan. En octubre viene un grupo de la Ocde para evaluar a Chile. Queremos tenerlo despachado, al menos en el Senado, para ajustar bien los tiempos y cumplir lo que comprometimos en esta administración", añaden en Hacienda.

La Ocde y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gasifud) plantearon al Estado chileno actualizar la legislación a los parámetros internacionales, ya que, en su opinión, urge eliminar las limitaciones legales que impiden tener un mejor sistema de prevención, seguimiento y sanción de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

Hoy, la UAF puede pedir a un banco abrir los datos sobre depósitos y captaciones de un cliente, previa autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones, sólo si necesita profundizar sus procesos de inteligencia financiera surgidos de información de un banco, casa de cambio o corredor de propiedades, sobre terceros relacionados con un cliente o de cuentas o productos financieros del mismo cliente en otro banco.

Para levantar el secreto bancario, el Ministerio Público debe pedir autorización a un juez de garantía, pero éste sólo le permite acceder a operaciones determinadas y no a todo el historial. Para levantar la reserva bancaria, debe atenerse a la la Ley de Bancos.

El proyecto faculta a la entidad para que en investigaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y con autorización de un juez de garantía, pueda pedir información bancaria "amplia", sin distinguir si se trata de secreto o reserva.