Con una carpeta bajo el brazo ingresó a las oficinas del Ministerio del Interior en La Moneda, el 28 de diciembre en la tarde, Sergio Bitar. 

El ministro de Obras Públicas había sido citado para una reunión extraordinaria de los ministros del comité político para exponer sobre un proyecto de ley de alta sensibilidad social, principalmente en zonas rurales: la reforma constitucional sobre el derecho público del agua.

La iniciativa, elaborada bajo el alero del comité de recursos hídricos que coordina Bitar, contaba desde octubre con un borrador, el cual fue distribuido en organizaciones ecologistas, empresariales, partidos, parlamentarios y equipos presidenciales.

Sin embargo, la decisión política para enviar el proyecto recién fue adoptada esta semana por Michelle Bachelet, quien en los próximos días enviará la iniciativa al Congreso en un acto en Palacio.

La reforma -una antigua demanda de sectores de centro-izquierda que propugnaban limitar la propiedad particular del agua o incluso nacionalizarla- coloca, a juicio de fuentes de gobierno, un tema de fondo en la campaña. Esta iniciativa había sido asumida en compromisos de Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami.

Aunque este último proponía una reforma más radical para evitar políticas de "privatización, monopolio y mercantilización" de los recursos hídricos, tanto el diputado como Frei coincidían en la necesidad de cambiar la Constitución para precisar que el agua es un bien público.

Ese principio sólo es mencionado en el Código Civil y, por el contrario, la Carta Fundamental le da mayor peso al uso privado. A juicio del gobierno, esto genera un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares.

"Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos", dice el inciso del artículo 19 de la Constitución que pretende ser eliminado por el Ejecutivo, en sintonía con lo que promovían los candidatos.

Si bien la apuesta del Ejecutivo no es introducir una nacionalización -de hecho se conservarían los derechos de agua en privados-, según  algunos la reforma abre la puerta para que el Estado pueda expropiar o extinguir los derechos cuando el recurso sea considerado estratégico o en situaciones excepcionales.

En el programa de Piñera no figuran alusiones directas al derecho público del agua, sólo se proponen medidas para el agua potable, la infraestructura de agua lluvia y la descontaminación.