Gobierno modifica los subsidios habitacionales tras crítico informe encargado por la Dipres

UN sistema integrado de subsidios para que las familias vulnerables y de ingresos medios puedan acceder a viviendas de hasta 2.000 UF nuevas o usadas, el doble del valor de las que antes se podía comprar; incentivos a los beneficiarios para evitar el uso ilícito de las propiedades (como arrendarlas) y la creación de una lista de espera en línea para monitorear la demanda por zonas y comunas, son tres de los principales cambios que el gobierno dispuso recientemente en la política habitacional del Estado, tras un crítico informe encargado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La reforma que llevó adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) -a finales de 2011 y que terminó en junio último- también incluye la creación de un certificado de subsidio para vivienda nueva o usada que permite transferir el poder de compra a las familias para que puedan postular sin proyecto previo (lo que hasta ahora no era posible) y la revisión de los datos entregados por los beneficiarios con otros organismos del Estado. Además, están por lanzar dos nuevos subsidios y una norma legal para limitar el rol de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (Egis).

Los programas de viviendas sociales como tal fueron transferidos al Minvu en 1979 y en 2001 tuvieron su primera gran reforma, con la creación del Fondo de Vivienda Social Dinámica sin Deuda, que mejoró la calidad y metraje de las propiedades, y que tres años después pasó a llamarse Fondo Concursable para la Vivienda Solidaria. En 2006 hubo otro cambio relevante, con la segmentación de los beneficiarios a través del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) en su versión I y II. El FSV I, para los hogares del primer quintil de ingresos (20% más pobre) y viviendas de 750 a 950 UF, según la comuna. El FSV II apuntaba a familias de hasta el segundo quintil (40% de menores ingresos), para viviendas de hasta 1.000 UF.

En 2010 la Dipres encargó a Guernica Consultores el estudio "Informe final de Evaluación de Impacto del Programa Fondo Solidario de Vivienda I y II", una revisión de la marcha del sistema instaurado por la administración Bachelet, el que estuvo listo en agosto de 2012.

Hace dos semanas se liberó al público, pero en la Dipres aclaran que anticipándose a los resultados y conscientes de las dificultades del sistema, ya en 2010 el Minvu inició un largo proceso de análisis que derivó en una reestructuración del programa. "Esto es importante, ya que buena parte de los problemas del FSV no dependían de su propio diseño, sino de la gran diferencia que había entre sus modalidades I y II", dicen en la Dipres.

CAMBIOS EN ESTRUCTURA

El informe advierte que desde su creación -en 2001- el Fondo Solidario de Vivienda se vio expuesto a una serie de modificaciones, incentivos e instrumentos que le impidieron "responder con efectividad". "El programa carece de un diseño para su gestión estratégica, lo que se constituye en la principal causa de la mayoría de los problemas de gestión que evidencia y de los resultados a los que apunta la política habitacional", señala.

Agrega que esta política de subsidios enfrenta dos grandes problemáticas. Una, "la ausencia de una función de dirección consagrada en un liderazgo estratégico y técnico" que ha permitido que "sólo operen arreglos y coordinaciones institucionales (verticales y horizontales) para atender reactivamente a los problemas de ejecución o, bien para tomar decisiones para evitar conflictos políticos". Y dos, que "la falta de conducción programática" no permite una gestión de mayor calidad, por lo que cumplir con la norma es la máxima expresión de desempeño.

Dado este diagnóstico, explica el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Francisco Irarrázaval, la decisión fue terminar con el FVS I y II, y reemplazarlo por nuevos instrumentos. El FSV I cambió al nuevo Fondo Solidario de Elección de Vivienda para grupos vulnerables (Decreto Supremo 49, de abril de 2012), centrado en el primer quintil, para propiedades de hasta 700-750 UF (de 42 m2 mínimo si es casa y 55 m2 si es departamento). Este fondo apunta principalmente a la construcción de conjuntos habitacionales, cuya demanda en un 70% es del primer quintil y en 30% del segundo y hasta tercer quintil.

En reemplazo del FSV II se creó un Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y en junio pasado se complementó con el nuevo Subsidio para Grupos Emergentes y Clase Media, que apunta a los hogares del segundo al cuarto quintil, en tres tramos. El Título 0, para el segundo quintil, con viviendas de hasta 800 UF. El Título I, para hogares del segundo quintil, pero con deuda (privada) y viviendas de hasta 1.000 UF. Y el Título III, para los quintiles tres y cuatro, y propiedades de hasta 2.000 UF.

Según Irarrázaval, al año el Estado coloca unos 45.000 subsidios para hogares vulnerables y unos 40.000 de capas media, casi la mitad de estos últimos en viviendas usadas. Mientras para las familias vulnerables financian casi el 100% de la propiedad, con un gasto de 27 millones de UF anual, para las de ingresos medios cubren en promedio un 30% de la propiedad, con un costo total de 14 millones de UF. "La mayoría de los subsidios está en el rango de 700 a 950 UF en viviendas usadas y de 850 a 1.200 UF en nuevas", precisa.

NUEVO ROL DEL BENEFICIARIO

En materia de diseño, el informe plantea que el sistema adolece de un escaso poder de decisión de los beneficiarios y plantea restituirlo.

Irarrázaval señala que como el espíritu inicial era que a través del Fondo Concursable de Vivienda los beneficiarios presentaran sus proyectos habitacionales para luego postular, con el paso del tiempo "las familias terminaron siendo cooptadas por las Egis, al obligarlas a tomar el precio que les ofrecían o quedarse sin subsidio".

Para terminar con lo anterior, el Minvu transfirió al beneficiario el poder de compra con la creación de un certificado de subsidio para viviendas nuevas o usadas, que le permite postular sin proyecto previo e independiente de la oferta. Con esto, se hace voluntaria la intermediación de las Egis, lo que reduce la inducción de la demanda, y el beneficiario puede buscar a la constructora o el terreno de manera directa, si lo prefiere.

Pero también el informe recomienda reducir el riesgo de comportamiento oportunista de los beneficiarios. "Esto pasaba porque dentro de una familia postulan más de una persona al subsidio al mismo tiempo y como postulaban en grupo y quedaban con dos casas. ¿Qué es lo que hacían entonces? Arrendaban una y vivían en la otra. Fueron miles de viviendas que se entregaron en estas condiciones", apunta Irarrázaval.

Para terminar con aquello se dispuso asignar un mayor puntaje por tamaño del grupo familiar, de manera que en la declaración del núcleo completo que deben hacer los beneficiarios en su Ficha de Protección Social, sean reportados todos los integrantes, evitando especialmente subdeclarar o transparentar la situación de quienes aportan un segundo o tercer ingreso y que estuviesen postulando por su parte.

El subsecretario añade que además se identifica a todos los integrantes para que no puedan postular hasta después de tres años obtenido el subsidio. Si lo hacen, deben renovar su ficha social para que se vuelva a dimensionar su situación habitacional.

En focalización, el estudio plantea que la población con carencia habitacional ha bajado a un ritmo más lento que el "crecimiento de la capacidad de producción de viviendas del FSV" y que si bien parece llegar en buena medida a los más vulnerables, "no resulta posible establecer si la población efectiva se corresponde con aquella".

Irarrázaval precisa que si bien antes la focalización se centraba en el puntaje de la ficha social, se agregaron nuevos criterios de puntaje de vulnerabilidad social para jerarquizar mejor entre los postulantes según condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional (acceso a agua potable, electricidad). También se reconoce como criterio de preferencia la antigüedad en la postulación.

Respecto de la ficha social también hay cambios, pues la información que recoge ahora se consulta con el Servicio de Impuestos Internos (SII), así como las propiedades inscritas por el jefe de hogar, su cónyuge u otro miembro declarado de la familia que postula. Las cuentas de ahorros, antigüedad y saldos promedio mensual son chequeados con las instituciones financieras involucradas, y las declaraciones de incapacidad con la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

GESTION EN LINEA

El informe cuestiona además el acceso y manejo del Minvu sobre la demanda y oferta de viviendas: "Los procesos estratégicos como la disponibilidad de suelos y zonas urbanas consolidadas, la corrección de precios del terreno, el tipo de demanda, los proyectos privados y públicos en suelos subsidiables, el seguimiento y ranking de los ejecutores de los productos principales, no son abordados en forma obligatoria".

En respuesta, Irarrázaval indica que, primero, se creó una lista de espera para la postulación de los comités comunales que coordinan la búsqueda y gestión de viviendas sociales. Esto levanta una base de datos en línea que permite al comité quedar dentro del sistema y, en paralelo, conocer la demanda en cada comuna. "Para el ministerio esa lista da claridad sobre dónde debemos poner los esfuerzos, pero también la ve la industria con lo que la oferta se desarrolla un poco más alineada con la demanda. Eso introduce competencia y ayuda a focalizar", afirma.

NUEVOS SUBSIDIOS PARA ARRIENDO Y REPARACION DE PROPIEDADES USADAS

A nivel de resultados y evaluación global de desempeño, el informe encargado por la Dipres recomienda la "coordinación y ampliación porcentual de los modelos alternativos existentes y evaluar otros modelos de subsidios". El subsecretario de Vivienda, Francisco Irarrázaval, aclara que en esta área han hecho dos cambios importantes. El primero es la creación de un nuevo Subsidio de Arriendo, que debiera comenzar a operar antes de fin de este año. El decreto respectivo ya está redactado y en revisión por parte de la Contraloría General de la República.

"No puede ser que toda nuestra política de vivienda se base en que la gente deba ser dueña de algo. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que por circunstancias laborales o porque son jóvenes aún no definen su nivel de ingresos, el tamaño definitivo de su núcleo, dónde quieren vivir o incluso dónde quieren trabajar y en muchos de esos casos el arriendo les entrega una flexibilidad adicional", opina Irarrázaval.

Precisa que informes de la Ocde plantean que la familia en una modalidad de arriendo accede a una mejor ubicación que bajo la modalidad de propiedad y "eso afecta positivamente la trayectoria de desarrollo de la familia, porque, lo más probable, es que estar en un mejor barrio, más integrado, con mejores colegios, cambia positivamente la trayectoria del hogar a temprana edad".

La segunda alternativa que trabajan es un subsidio de reparación para potenciar la vivienda usada, pues los programas de reparación existentes implican montos muy bajos y sólo para mejoras superficiales. "Por ejemplo, para poner cerámica en el baño o la cocina, pero si la propiedad tiene un problema estructural de instalación eléctrica o infraestructura sanitaria, no alcanza", dice.